El proyecto fue remitido por el gobierno provincial a través del Ministerio de Producción y Desarrollo Sustentable. Se trata de una modificación a la Ley Nª 7141 de Procedimientos Mineros en su artículo 34.
El citado artículo regula el procedimiento para la presentación de los Informes de Impacto Ambiental y Social, y sus respectivas renovaciones bianuales, como requisito previo al otorgamiento del permiso para dar inicio a toda actividad minera que se pretenda realizar en el territorio de la provincia.
La actual prevé que para obtener el permiso correspondiente, las mineras deben presentar los informes referidos ante el Juzgado de Minas, autoridad minera concedente del permiso.
Lo que propone el ejecutivo provincial es que estos informes deban ser presentados ante la Secretaría de Minería y Energía y notifique, en su caso, las observaciones sobre los mismos; así como también emita el acto administrativo que apruebe el mismo.
De esta forma y con los cambios que se proponen de parte del ejecutivo provincial, el control de los informes de impacto ambiental dejaría de estar en manos de la justicia y quedarían concentrados en torno a los funcionarios provinciales.
La titular de la cartera minera provincial, Romina Sassarini, se reunió en la jornada de hoy con legisladores de la Comisión de Legislación General para analizar la solicitud.
En la presentación que realizó el ejecutivo a las cámaras, mencionan un consenso con la jueza de Minas, Victoria Mossman, en relación a que sería el juzgado que la letrada preside la que perdería esta facultad.
“Resulta necesario dotar al trámite de otorgamiento del permiso minero, en todas sus etapas, de una mayor celeridad, con base en el principio de economía procesal, reportando ello un beneficio dual tanto para el administrado como para el Estado, permitiendo que la actividad procesal administrativa se reduzca a la menor cantidad posible de actos”, argumentó el ministerio en la presentación a los legisladores.
Por otro lado, si se detectaran observaciones en otras instancias a los informes mineros, el cambio propone que estos no resultarán vinculantes para la Secretaría de Minería y Energía, pero, su desestimación deberá ser debida y razonablemente fundamentada.
