El pasado 23 de noviembre del 2022, el Concejo Deliberan aprobó una ordenanza que modificó los artículo 115, 116, 142 y 143 del Código Tributario Municipal e incorporó los artículos 116 bis y 143 bis. El mismo inició con un proyecto de la concejal Agustina Álvarez Eichele y fue aumentando modificaciones de las comisiones del cuerpo.
Los beneficiarios de la ordenanza aprobada fueron jubilados, pensionados, desocupados, discapacitados y personas con enfermedades terminales. El objetivo era ampliar la cantidad de personas de esos grupos que podían acceder a una exención y daba la posibilidad de una renovación cada dos años.
Sin embargo, el pasado 2 de enero la intendenta Bettina Romero y el secretario Legal y Técnico Daniel Nallar decretaron el veto de la ordenanza.
En los fundamentos, sostuvieron que la Agencia de Recaudación Municipal ni la Secretaría de Economía tuvieron participación en la confección de la ordenanza, ni tampoco fue tenida en cuenta para la elaboración del Prespuesto y la Ordenanza Tributaria Anual 2023.
Además, aseguraron: “No obran elementos técnicos que expliquen ni dimensionen la cuantía de las exenciones. Tampoco existe cuantificación de los ingresos tributarios municipales que se dejarán de percibir, la cantidad de personas que serían alcanzadas por los nuevos parámetros establecidos por la norma, como así también la disminución de la estructura del gasto por menores ingresos al otorgarse estas exenciones, encontrándonos en un total estado de incertidumbre que atenta contra la prestación de los servicios básicos de ésta Municipalidad”.
Agregaron también que la sanción remitida no se ajusta a “los principios jurídicos y de política tributaria”, y que violenta los principios constitucionales. Asimismo, consideraron que la sanción de la ordenanza trasgrede “los principios de legalidad, igualdad y razonabilidad en materia impositiva”.
