Miguel Ángel Reynaga, presidente de la Asociación de Lisiados de Salta, manifestó en diálogo con Nuevo Diario que la ordenanza por la cual se conforma el Consejo Municipal de la discapacidad es del año 1997, pero recién se puso en marcha hace tres semanas.
“Esa ordenanza establecía este un articulado de acuerdo a las realidades de entonces, que hoy 30 años después ya no tiene vigencia hay. Hay un montón de situaciones que estaban establecidos en esa ordenanza que ya no tienen competencia municipal”, indicó.
Entre esas situaciones están, por ejemplo, el otorgamiento del carnet de discapacidad que hoy es facultad de ANSES y secretarías de discapacidad provinciales, con validez nacional. La ordenanza planteaba carnets valido solo en la provincia.
Otro punto que remarcó fue que en la ordenanza también se preveía el otorgamiento del pase libre del transporte público, lo que ya no es facultad del Municipio sino de la provincia.
“Hay artículos de esa ordenanza que todavía sí tienen vigencia, como por ejemplo la decisión de crear el Consejo Municipal de la Discapacidad y los mecanismos de elección y de conformación. Eso tiene vigencia, y yo creo que esa ordenanza si la comparamos con la ley provincial que crea el Consejo Provincial de la Discapacidad es más participativa y democrática”, dijo.
Ante ello, realizaron una propuesta de una nueva ordenanza municipal que contiene lo que aún tiene vigencia y desecha lo que ya no tiene “razón de existencia”.
“Eso hicimos, además de dar un poco más de claridad en cuanto a algunos conceptos de la conformación del Concejo Municipal. Nada más lo hicimos y lo estudiamos, y también tratamos de que esta ordenanza municipal que nosotros hacemos la propuesta tenga que ver mucho con la visión que tenemos del Consejo provincial de la discapacidad y de la visión que tenemos del Consejo Federal de la discapacidad, porque esto es una institución que tiene política correlativa desde lo municipal, lo provincial y lo nacional”, indicó.
El Consejo Directivo del Consejo actualmente tiene un presidente, un secretario, un tesorero, 5 vocales titulares, 5 vocales suplentes, dos representantes del Concejo Deliberante y el órgano de fiscalización que tiene cuatro titulares y cuatro suplentes. La propuesta de ALSA es que en el órgano de fiscalización haya solo un titular y un suplente.
Asimismo, indicaron que el primer artículo de la ordenanza señala que el Consejo estará constituido por dos representantes de cada institución con personería jurídica, contradiciéndose con la conformación del Consejo Directivo. En ese punto, propusieron que la Asamblea sea constituya dos representantes por cada institución, para dejar aclarada la conformación.
Además, solicitaron a la concejala titular de la Comisión de Discapacidad, Malvina Gareca, que se otorgue un lugar físico para el funcionamiento del Consejo Municipal de Discapacidad y también un presupuesto determinado para poder funcionar.
Sumado a ello, también presentaron a la Cámara de Diputados una modificación del Consejo Provincial de Discapacidad que, si bien tienen objetivos similares, el Provincial tiene más peso porque define un representante para el Consejo Federal donde se discuten definiciones y políticas nacionales.
“Actualmente es anti democrático y poco participativo, porque se constituye con funcionarios del gobierno y solo un representante de la discapacidad. Si se trata orgánicamente de definir mediante el voto una definición, tendremos una mayoría defendiendo las posturas del gobierno y una minoría de la discapacidad, distinto al Consejo Municipal”, explicó.
