Carolina Am, presidenta de la Comisión de Hacienda del Concejo Deliberante, explicó a Nuevo Diario que la ordenanza busca subir los montos mínimos a los que la gente podía acceder para pedir una eximición o condonación de impuestos municipales. De un salario mínimo vital y móvil por grupo familiar, la modificación lo amplió a dos.
“También incorporamos un artículo que preveía que no tienen que presentar todos los años todos los papeles, sino que presentando en un año y al año siguiente presentar una declaración jurada diciendo que la situación no varío, podía acceder a la misma por dos años. La idea era eliminar tanta burocracia”, sostuvo.
En ese sentido, remarcó que en el caso de los grupos a los que se pensaba beneficiar, como los jubilados, es “raro” que en un año puedan cambiar su situación económica.
A través del Boletín Oficial Municipal, la intendenta Bettina Romero oficializó el veto a la ordenanza, realizado el 2 de enero del corriente año junto al secretario Legal y Técnico Daniel Nallar. Sin embargo, desde el cuerpo deliberativo informaron que no se cumplieron los tiempos necesarios para llevar adelante un veto, por lo que la ordenanza quedó firme.
“Vi en los considerandos que se atribuyen facultades que son propias del Concejo Deliberante. Tenemos, por Carta Municipal, la facultad de dictar ordenanzas de eximiciones y condenaciones. Se atribuyen esa facultad a decir que no fueron consultados, somos un órgano legislativo, no necesitamos consultar todo instrumento que estamos trabajando”, manifestó Am con respecto al fundamento del decreto de veto que asegura que la ordenanza no se confeccionó en conjunto con la Municipalidad.
Asimismo, la concejal sostuvo que el veto se debe “a la política agresiva” de recaudación de la gestión Romero, ya que la política de ampliación de una eximición “no coincide con esa línea”.
“Nos sorprendió el veto este, porque era una facilidad para la gente y para los vecinos más vulnerables”, aseguró.
