La iniciativa municipal constaba de la adjudicación de vouchers a mujeres salteñas para la adquisición de materiales para la construcción y refacciones en su hogar. Justamente, la intendenta firmó un convenio con dos corralones de la ciudad, los que tenían como función evaluar y entregar los materiales a las beneficiarias luego de la adjudicación.
Fue justamente por la firma con estos corralones que el Tribunal inició las investigaciones contra la gestión municipal.
Paputsakis señaló a este medio que se realizaron observaciones por la forma en que se determinaron cuáles serían los corralones que serían destinatarios para gastar los fondos del programa.
"El Tribunal lo que controla es el proceso final en el cual los fondos serán destinados a cada uno de los beneficiarios y cómo se hace el proceso de adjudicación de cobranza en realidad de estos vouchers. Y de ahí surgió una serie de observaciones desde el equipo técnico en el sentido de cómo se determina qué corralones es, cómo iba a ser el proceso de adjudicación", sostuvo el titular del organismo de control.
Desde el Tribunal se hicieron pedidos de informe buscando corroborar si se hicieron invitaciones al resto de corralones de la ciudad, con el sentido de tratar de buscar la mayor transparencia y objetividad en el destino de los vouchers.
Inconsistencias en los plazos
Se detectó inconsistencias en relación a los plazos en el cual se habían hecho las invitaciones al resto de corralones. El Tribunal solicitó ante esto que se rectifiquen resoluciones sobre el sistema de adjudicación a los corralones.
"En primer lugar se ha hecho abierto para los corralones que se quieran adherir al programa y segundo la idea es que sea el beneficiario de acuerdo a qué corralón le queda más cómodo, que pueda decidir exactamente a qué corralón acudir", señaló sobre los cambios Paputsakis.
Los únicos dos corralones beneficiados por el programa han sido La Tablada, que pertenece al empresario Oscar Molina y Supermat, de Emilio Montenovi.
Según los informes que obtuvo el organismo, se preveía un gasto de $450 millones distribuido en 1.000 beneficiarias que iban a poder cobrar desde estos dos corralones.
