El titular del IPV especificó por Hora de Voces (FM Ya 91.3) la cantidad de soluciones habitacionales que lleva entregando la entidad en lo que va de su gestión desde 2019.
Fueron 3.800 las nuevas casas entregadas y según recalcó Carrizo, todas se hicieron en articulación con el gobierno nacional a través del programa Casa Propia, que actualmente cuenta con 3.000 viviendas en construcción.
“Entendemos que la única forma de resolver la cuestión habitacional es construyendo todos los años, claramente no se puede suspender ese tipo de respuestas por parte del Estado”, sostuvo el titular del instituto.
El ritmo de producción de las viviendas en Salta abarca un aproximado entre 12 y 24 meses, tiempos que se han ido cumpliendo según detallan desde la entidad.
Política habitacional
Carrizo analizó la política habitacional de la provincia y más allá de la cantidad de viviendas entregadas, rescató que se logró romper una lógica con la que el gobierno nacional miraba la construcción de viviendas en el interior.
“Antes se consideraba que cada municipio y la provincia era un cupo para Nación. No, nosotros somos lo que nosotros podamos formalizar como proyecto y articulando con Nación, tendremos una respuesta. Eso entiendo yo que fue lo más importante, entender que podemos seguir generando respuestas independientemente de la cantidad de habitantes porque ahí había otro preconcepto también. En localidades muy pequeñas no se les prestaba tanta atención”, indicó el funcionario.
El control
Las viviendas del IPV estuvieron bajo la lupa por el uso de estas para otros fines como alquileres temporarios para turistas. Por normativa, luego de la adjudicación debe realizar inspecciones de habitabilidad, por el transcurso de 5 años.
“Nosotros en forma periódica, no tenemos horas, no tenemos días, vamos inspeccionando la habitabilidad de la vivienda. Si no cumple con esa obligación, claramente es pasible de una des adjudicación de la vivienda. Porque sin duda vulnera el fin social. La última etapa que nosotros etapa que se entregó en el Huaico fue en mayo de 2018. Ya estamos llegando a los 5 años”, explicó el funcionario.
Carrizo detalló que hubo en estos 4 años 8.000 inspecciones que derivaron en 18 desadjudicaciones de titulares de las viviendas sociales que otorga el instituto.
“Básicamente no es actuar de policía, sino concientizar a los vecinos cuál fue el fin por el cual se le adjudicó la vivienda. Entonces entramos en un contacto diferente y ahí hablamos del pago de la cuota, y de cómo tiene que progresar el IPV en el interior con este tipo de respuesta”, concluyó el funcionario.
