Las palabras de la abogada de la Procuración Penitenciaria de la Nación, Mariana Lauro, se refirieron así a la situación que vivió Claudia en octubre de 2017, cuando desde Santa Cruz (Bolivia), decidió hacer el traspaso por el cobro de 500 dólares que le servirían para el tratamiento de quimioterapia de su hijo. La mujer fue detectada con un kilogramo de droga en Jujuy, y estaba alojada en Salta desde ese momento. Su hija nació mientras estaba en la cárcel y este jueves logró la excarcelación por “razones humanitarias”, para volver a su lugar de origen, en donde su hijo se encuentra en la fase final de una enfermedad terminal.
El caso de Claudia es “de extrema gravedad”, pero fue visibilizado frente a muchos otros que son similares, y no se conocen.
Según un estudio de 2011, en Argentina nueve de cada diez extranjeras encarceladas por delitos de drogas a nivel federal lo fueron por ser correos humanos, y 90% fueron primo-delincuentes (es decir, por primera vez cometen delito y van a prisión).
Lauro entendió que se debe poner en debate la aplicación de las leyes dado que en la mayoría de estos casos se aplica la prisión preventiva, que en muchos casos es por al menos cuatro años de prisión preventiva.
Los delitos no son violentos, la situación es de mujeres que realizan las tareas por una cuestión de desesperación y necesidad de subsistencia, y por ser solas y tener sus hijos a cargo. Estos factores (que se suman a muchos otros ya analizados desde distintos informes), son al menos los que tenía en su historia Claudia, quien ayer a las 18 esperaba reencontrarse con su hijo, pero continuaría con custodia por unos 30 días cuando la Justicia Federal estableció que debe volver.
“Hay una guía que está desde el año pasado y plantea alternativas a la prisión preventiva”, sostuvo Lauro al agregar que incluso hay tratados de Derechos Humanos que lo indican.
