El documento rubricado, también, por todos los Ministros del Ejecutivo Provincial, establece actualizar los montos de las sanciones pecuniarias en un valor que inicia en los diez mil pesos ($10.000) a cien millones de pesos ($ 100.000.000) aplicables por violaciones graves al ordenamiento.
De esta manera se readecua el marco de proporcionalidad que debe existir entre la falta cometida y la sanción que corresponda aplicar por las diversas contingencias que se han suscitado en las prestaciones de servicios.
Se determinó que el Ente Regulador de Servicios Públicos, teniendo en cuenta su potestad sancionatoria, será el órgano con la facultad de determinar los parámetros de actualización de los montos de las multas, para evitar que los mismos vuelvan a devenir en irrisorios.
La normativa publicada en el Boletín Oficial, será remitida a la Legislatura en el plazo de cinco (5) días, a los efectos previstos en el artículo 145 de la Constitución Provincial, convocándose a ambas Cámaras a Sesiones Extraordinarias, para su tratamiento.
La decisión del gobernador Gustavo Sáenz fue tomada en un marco te tensión absoluta con la ciudadanía del norte de la provincia, que desde hace semanas se encuentra realizando múltiples protestas, en rutas, frente a las sedes de la empresa, e inclusive la presentación de un amparo ante la justicia oranense, para exigir medidas que atiendan a la situación particular de la zona, la época del año, y la crisis hídrica vigente, que agrava aún más el cuadro.
