Claudia Parpagnoli, quien ha sido testigo de largos años de dedicación en el sector, expresó su indignación ante esta decisión. Recordó cómo en el pasado ya se había enfrentado a despidos masivos durante el gobierno de Macri, situación que dejó una profunda marca en los trabajadores del INAFCI. Ahora, con el anuncio del cierre, más de 900 agentes en todo el país quedan sin trabajo, y unas 250.000 familias que dependen de estas políticas públicas se ven desatendidas. Para el caso de Salta, son cerca de 60 trabajadores y trabajadoras. Durante el gobierno de Mauricio Macri, 30 trabajadores fueron despedidos y actualmente mantienen la incertidumbre de saber que pasará con sus trabajos.
La delegada de ATE señaló que el cierre del INAFCI no solo afecta a los trabajadores, sino también a las comunidades campesinas e indígenas que se benefician de sus programas y proyectos. Destacó la labor histórica de este instituto en apoyo a los pequeños productores, brindando asistencia técnica, económica y organizativa que ha sido vital para el desarrollo y la sostenibilidad de estas comunidades.
"El agricultor familiar es la persona que está en el territorio haciendo patria y soberanía, generando alimentos para los argentinos y cuidando el medio ambiente", afirmó Parpagnoli, resaltando la importancia de este sector en la seguridad alimentaria y la preservación del entorno natural.
Por otro lado, el Licenciado en Comunicación Social Pablo Ríos también dialogó con Nuevo Diario y denunció la falta de interés del gobierno hacia los trabajadores y las políticas destinadas al sector agrario. Criticó las estigmatizaciones y falsedades difundidas por funcionarios respecto al funcionamiento y la labor del instituto, señalando que estas acciones generan una tensión innecesaria en la sociedad y desconocen la trayectoria y el compromiso de los trabajadores del INAFCI.
Ríos enfatizó que el cierre del INAFCI representa un retroceso en los derechos laborales y en el apoyo a los sectores más vulnerables de la agricultura familiar. Subrayó la importancia de reconocer el trabajo realizado durante más de 30 años por este organismo, así como la necesidad de mantener políticas públicas efectivas que promuevan la soberanía alimentaria, la equidad y el cuidado del medio ambiente.
Un enorme legado de la SAF
“Hay compañeros que tienen más de 25 años trabajando y no solamente dieron la vida por la institución sino que acompañaron procesos hermosos que no solo tuvieron un impacto concreto en la economía de estas familias de pequeños productores sino también en la economía de esas comunidades generando proyectos productivos, de mejora de alimentos, vinculado a la sanidad animal y también no dejando de lado el acceso al agua”, señaló con profundo dolor Ríos que además ponderó este trabajo: “sobre todo aquí en la provincia de Salta, con la gran diversidad demográfica, cultural que hay, es un recurso que escasea y siempre ahí atrás estuvo un técnico de agricultura familiar. También sirvió para generar procesos identitarios, procesos organizativos muy fuertes donde muchas comunidades indígenas lograron su personalidad jurídica, asociaciones de pequeños productores criollos también y que fue una herramienta fundamental por la disputa del territorio”.
