En relación a lo prometido, los referentes de las comunidades originarias exigieron plazos, y no descartaron una posible presentación judicial ante un eventual nuevo incumplimiento.
Una comitiva de funcionarios de gobierno se presentó ayer en Urundel con el objetivo de dialogar y poner freno a los decididos miembros de diversas comunidades originarias que marchaban hacia Capital Federal para poner en conocimiento del presidente, las demandas históricas de la población, y exigir condiciones dignas de vida. Encabezados por la Ministra de Desarrollo Social, Silvina Vargas; el Ministro de Salud, Juan Esteban y el Secretario de Asuntos Indígenas Luis Gómez Almaraz, los funcionarios escucharon los petitorios de los representantes que hicieron hincapié en el olvido sistemático de los gobiernos, y en el compromiso adquirido e incumplido por Gustavo Sáenz dos años atrás.
Como respuesta a ello, el Secretario de Asuntos Indígenas, Gómez Almaraz, detalló las actividades que vienen realizando desde el gobierno de la provincia, entre ellas las vinculadas con sus territorios, e informó que recientemente la ministra firmó un convenio con INAI por el relevamiento jurídico catastral de las comunidades que están faltando y que son numerosas, pese a que ya se encuentran inscriptas más de 250. Asimismo, advirtió sobre las diferentes condiciones de los territorios en términos de títulos, y aseguró que existe una cobertura legal que protege los derechos de las comunidades.
Otro de los funcionarios que se hizo presente ayer fue el titular de la cartera de Salud de la provincia, Juan Esteban, que enumeró los compromisos asumidos nuevamente por el gobierno de Salta en función de las mejoras en la calidad de vida de las comunidades en salud, obras de infraestructura y servicios básicos, llegando a un cuarto intermedio para que los manifestantes puedan analizar lo prometido entre lo más relevante: más de 300 viviendas en dos etapas, capacidad instalada con aulas de la UNSA en el Hospital de Santa Victoria Este para que los jóvenes puedan estudiar allí, más la provisión permanente de camiones aguateros hasta que finalmente estén finalizados los pozos de agua sobre todo teniendo en cuenta la época del año. "Conocemos la realidad histórica del norte, pero está el compromiso del gobernador para hacer el ofrecimiento formal de estos puntos", recalcó.
"No estamos conformes"
Esa fue la inmediata respuesta obtenida desde las comunidades originarias, en la voz del referente Abel Mendoza de la Unión de Comunidades del Pilcomayo, que en diálogo con el periodista Matías Saracho insistió en "el temor e incertidumbre" que generan las promesas que pueden resultar otra vez vacías. "Hay un temor de que pase otro engaño más, porque hoy tuvimos compromisos más que nada, por eso es que nos vamos a organizar, vamos a analizar, vamos a debatir y no vamos a esperar dos años como lo hicimos antes" dijo y advirtió: "Vamos a hacer un recurso de amparo para continuar con las luchas porque aquí reconocieron que hay emergencia, pero no está todo claro, por lo que pedimos audiencias continuas para hacer el seguimiento de todo lo prometido", concluyó Mendoza.
