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LOS ACUSADOS SERÁN IMPUTADOS

La defraudación al IPPIS por peculado rondaría los $9 millones

La falta de rendición del dinero del IInstituto Provincial de Pueblos Indígenas de Salta (IPPIS) otorgados mediante cheques emitidos por los responsables del organismo llegaría a los 9 millones de pesos. 

NDS |

Se extendió la intervención por 3 meses y habrá audiencia de imputación de tres directivos del IPPIS.

Esto pudo conocer Nuevo Diario ayer cuando se confirmó que se extendió la intervención financiera y administrativa de la entidad por al menos tres meses más, dado que si bien a este proceso se le otorgaron tres meses para investigar las irregularidades que se detectaron en el IPPIS mediante una auditoría, el tiempo para ello es insuficiente.

Ayer se conoció también que la fiscal Nº 1 de la Unidad de Delitos Económicos Complejos, Mónica Poma, decidió imputar al actual presidente del IPPIS, Alejo Gallardo, Samuel Centeno, actual vocal del pueblo Chorote, y la ex presidenta del IPPIS y actual vocal del pueblo Toba, Romelia Durán.

Se espera que próximamente la fiscal disponga las fechas de audiencia de imputación para cada uno de los acusados.

La acusación contra los directivos del IPPIS es por Peculado y subsidiariamente por Fraude a la Administración Pública.

Según surge del decreto de imputación al que tuvo acceso este medio, los tres imputados fueron entre el 2017 y 2018.

"Los firmantes autorizados de las cuentas bancarias pertenecientes a dicho Instituto (...) con el fin de procurar para sí un lucro indebido, violaron los deberes de administración a su cargo al efectuar distintas maniobras fraudulentas, perjudicando los intereses que le habían sido confiados y pertenecientes al erario público".

Explicó la fiscal que con el fin de lograr este cometido "Los nombrados habrían librado numerosos cheques a sus propios nombres y al de otros beneficiarios sin la debida documentación respaldatoria del gasto, ello con el fin de cobrar dinero que pertenecía" al IPPIS.

Según lo sostenido incluso por la responsable contable del Instituto ante la fiscal, pese a que ella quiso intervenir, en su momento Durán le aseguró que los manejos eran entre las autoridades y que ella no debía entrometerse.

A raíz del pago de los cheques cuyo dinero tiene destino desconocido, se absorbieron fondos destinados específicamente a obras, por lo que no se les pudo pagar a algunos contratistas que ya contaban con certificación de obra, ocasionando deudas con los mismos.

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