El juicio político inició en septiembre. Según consta en los antecedentes, la Municipalidad de Colonia Santa Rosa debe al cuerpo de ediles la respuesta de 14 pedidos de informes que fueron aprobados por los concejales. Además, también el intendente nunca reglamentó y ejecuto las ordenanzas 04/22, 11/22 y 14/22, que regulaban el sueldo del intendente, creaban una oficina de Defensa al Consumidor dentro del ámbito municipal y modificaban el valor de la unidad fiscal impositiva del pueblo.
Bajo estos argumentos los concejales promovieron la acción de juicio político contra el intendente. Cabe destacar que Jorge Guerra, actual mandatario municipal, sostuvo ante Nuevo Diario que no iba a pagar el sueldo de los concejales si no aumentaban el valor de la unidad fiscal impositiva.
Esta amenaza la cumplió, hasta la fecha los ediles tienen 5 meses de atraso en su sueldo, sumado a que también se le ha recortado el presupuesto para el funcionamiento administrativo del concejo.
Facundo Domínguez, presidente del cuerpo, afirmó a este medio que está fue la forma que encontró el actual mandatario municipal para tratar de amedrentar a los concejales. Sobre el juicio sostuvo que se tuvo todas las garantías aseguradas para la defensa del mandatario, pero que de igual manera este nunca se presentó en el concejo para ejercer su derecho.
“Hay cosas que se están comprando y que está fuera del presupuesto, obras que se facturan por un monto y cuestan mucho menos, esa información no la tenemos y no nos deja trabajar”, explicó Domínguez sobre los motivos del juicio., alegando a la falta de respuesta del ejecutivo como el principal argumento.
El proyecto de resolución que oficializaba la decisión de destituir al intendente fue de autoría del presidente del cuerpo y fue votado por unanimidad por el resto de sus pares concejales.
Ahora la decisión llegará en la jornada de hoy a la Municipalidad donde seguramente Guerra apele la decisión ante la Corte de Justicia de Salta, quien tiene 60 días según dicta la Constitución Provincial para expedirse sobre el caso.
En lo recurrente cuando se trata de estos casos donde el poder legislativo municipal expulsa al ejecutivo, la corte avanza protocolarmente en dictaminar una medida cautelar de no avanzar en la destitución hasta tanto estudie de forma detenida el expediente.
En el último fallo que la Corte de Justicia analizó sobre la situación de un intendente destituido, se evalúo la parcialidad de las personas que juzgaron al mandatario, lo que podía incurrir en la violación del principio de imparcialidad que debe tener un juicio, y si se respetaron las garantías de defensa del intendente.
