En diálogo con Nuevo Diario, Huerga recordó que el año pasado se cayó la autonomía del cuerpo deliberativo por una judicialización. Ante ello, la nueva presidenta del Concejo firmó un convenio para su funcionamiento con el ejecutivo municipal, quien por ese entonces era Pablo González.
"En ese convenio, ella hizo una resolución que le mandó al juez, por supuesto, fijando los sueldos de los concejales y exigiendo al municipio que le brinde fondos para fotocopia, funcionamiento cotidiano del Concejo, o sea teléfono, correspondencia y demás. Lo que se llama caja chica”, explicó el ex concejal.
Sin embargo, dicho acuerdo cayó el pasado 8 de diciembre con el fin del periodo de sesiones y la llegada de los nuevos ediles, que deberían haber realizado una ordenanza de autonomía o una resolución de convenio salarial con el intendente, que tampoco se realizó.
"Nunca se llamó a sesión para decir cuánto es el sueldo de los concejales. Ellos aumentaron de 280 mil a más de 400 mil pesos, dicen que cobran eso más los gastos del bloque. Para liquidarse eso, toman la resolución del año pasado, que ya cayó. Además, esa resolución era sin autonomía y ellos alegan tener autonomía", informó.
En ese sentido, Huerga hizo hincapié en que la discusión no está en si es mucha o poca plata, sino en la ilegalidad de realizar un aumento de esta forma, sin transparentar los verdaderos montos. El ex edil remarcó que, para poder recuperar la autonomía, los concejales deben elaborar un organigrama del funcionamiento del Concejo y allí tratarlo en sesión especial u ordinaria. Mientras eso no ocurra, destacó, no hay instrumento legal para que haya aumentos de sueldos.
