El sindicalista especificó que en mayo del año pásado, los obreros y los empresarios acordaron la entrega de esos terrenos con la colaboración del Gobierno de la Provincia, a través de la Secretaría de Tierra y Habitat, que ofreció el servicio de realización de los informes de factibilidad de los terrenos que se ofrecían.
Esos estudios culminaron y se entregaron en octubre, por lo que quedó en manos de la empresa el empezar el desarrollo inmobiliario que debía entregarse antes de la próxima zafra de mayo de este 2022, sin embargo hasta la fecha no tienen noticias de algún avance en el tema.
“Los trabajadores ya pusieron de su parte, el gobierno ya puso de su parte, y esperamos ahora la pronta respuesta de parte de la nueva empresa concecionaria. Son ellos los que deben hacer la inversión de las instalaciones para entregar los terrenos y que vuelva la paz social a Campo Santo. Eso depende de los nuevos dueños del ingenio”, afirmó el dirigente sindical.
Según Cuenca, de los 730 obreros que tenía el ingenio, solo 320 continúan trabajando en la empresa. El resto de los damnificados “pudieron hacer cooperativas de trabajo en algunos casos, otros realizan tareas dentro de los municipios y hay compañeros que tuvieron que irse a otras provincias”, comentó.
Sin los terrenos los juicios siguen
Sobre el monto que fueron fijadas las indemnizaciones a los despedidos indicó que "se nos debe desde 600 mil pesos hasta 3 millones de pesos, dependiendo de la antigüedad y los intereses que hace más de cuatro años ha sido el cierre del Ingenio”.
Los ex trabajadores advirtieron que los juicios por despido siguen su curso y que no renunciaran al proceso judicial hasta que la empresa cumpla con el acuerdo indemnizatorio de entregarles terrenos con las escrituras.
“Los juicios contra el Ingenio irán avanzando hasta tanto entreguen ellos en la mano la escritura de los terrenos. Acutalmente el juicio está en etapa probatoria”, explicó Cuenca.
730 azucareros en la calle
En enero de 2018 el Grupo Gloria anunciaba el cierre del Ingenio San Isidro dejando a 730 trabajadores en la calle. En Julio de ese año, el Grupo Ruiz compró la empresa, junto con la firma Prosal S.A, y con ellos se inició la discusión sobre el pago de las indemnizaciones a los trabajadores despedidos.
Cuenca detalló que en octubre del año pasado con los nuevos dueños del ingenio se acordó recibir lotes de tierras al valor de lo que le deben a cada trabajador y con los servicios instalados comoo indemnización por los despidos ocurridos en el año 2018.
“La indemnización que habían quedado adeudado, que era el 50%, estaba judicializado y se había llegado a un acuerdo extrajudicial el año pasado en la cual la empresa del Ingenio San Isidro, para acelerar el proceso de que el trabajador pueda contar con algo, ya que lo judicial es largo, había ofrecido en su momento tierras”, especificó.
Agregó que desde la representación aceptaron el acuerdo, si es que los terrenos estaban tazados al valor de lo que se les debe y con la instalación de los servicios.
“Hasta hoy no tenemos alguna respuesta a nuestros pedidos, tampoco se ve que estén trabajando en el lugar. Esperemos que sea pronto. La empresa sabe cuáles son los tiempos y todos sabemos. La zafra está empezando en mayo, esperamos que hasta antes de mayo pueda entregar los terrenos y ya de una vez por toda se pueda saldar esa deuda que tienen los empresarios con los trabajadores”, afirmó Cuenca.
El proceso de cierre y los despidos
En enero de 2018, el Grupo Gloria, perteneciente a capitales extranjeros peruanos, anunció a sus empleados con un cartel en la puerta de entrada que presentó ante el Ministerio de Trabajo su Procedimiento Preventivo de Crisis (CPP), orientado a permitir las acciones que resulten necesarias para "cesar las operaciones de la empresa".
Carlos Montalvo, gerente de la empresa en ese entonces, afirmó en ese contexto que existían “poderosas razones de orden económico, financiero y laboral" que determinaron "la imposibilidad" de continuar con las operaciones.
Fue asi que la Secretaría de Agroindustria de la Nación reveló que la firma Prosal S.A, perteneciente al Grupo Gloria y encargada de la administración del Ingenio, fue la tercera exportadora de azúcar del país, un año antes del cierre, detrás de Arcor y Ledesma.
El hecho marcó el inicio de una causa judicial iniciada por los 730 trabajadores que el Grupo Gloria dejo sin sustento y un conflicto social con los trabajadores que incluyo la toma de las fabricas pertenecientes al ingenio reclamando una solución a los empleados damnificados.
Los nuevos dueños
En Julio de ese año, el Grupo Ruiz y la compañía azucarera Los Balcanes, de Tucumán, crearon la firma Zadar S.A, con la que compraron y pasaron a administrar el San Isidro. Prosal S.A, fue transferida a los nuevos dueños como parte de la compra.
Los trabajadores iniciaron una causa judicial donde solicitaron que la firma Zadar S.A, se haga cargo solidariamente de las indemnizaciones. Sin embargo, un fallo de la Sala II de la Cámara de Apelaciones de Trabajo de Salta, especifica que el pago de la indemnización a la trabajadora debe ser a cargo de Prosal SA, firma que originalmente estaba a cargo de la administración, excluyendo a Zadar de la responsabilidad.
Además la resolución judicial confirmó que su pago indemnizatorio debía aumentarse casi 100 mil pesos con respecto a lo establecido en primera instancia, más intereses y costas.
Con Prosal en manos de la nueva administración, los obreros continuaron por vías judiciales insistiendo a la nueva administración del Ingenio que pueda cubrir lo que se les debe a los damnificados.
Asi fue que ante la negativa de la nueva administración de afrontar los pagos, Cuenca le dijo a este medio que, desde la empresa ofrecieron la entrega de terrenos como parte de la indemnización, ofrecimiento que los trabajadores aceptaron si es que los terrenos estaban al valor de lo que se les debía y con todos los servicios incluidos.
