Wayar indicó a Nuevo Diario que la Provincia adhirió a la Ley Nacional en el 2018 y que, con este pedido de informe, busca saber si la adhesión significó “que en la provincia hemos hecho las cosas de una manera tal que hemos podido frenar el robo de automóviles, el robo de autopartes”.
“Es un pedido de informe, porque quiero saber si cuando adherimos a una ley, cuando sacamos una ley, luego esa ley sirve a la sociedad o la tenemos como ley, pero nadie le lleva el apunte. Aquí es el Estado el que tiene que generar un montón de condiciones y hacer un montón de acciones para el control. Quiero ver si están hechas, si hay control y si tenemos el mapa del delito, de este tipo de delitos”, expresó.
La ley, en resumen, establece la creación de un registro para estar habilitado para vender autopartes y si, como dueño, decidís desarmar tu vehículo, debes declarar lo que se hará con las partes.
En la adhesión realizada por la provincia, se colocó como órgano de aplicación al Ministerio de Seguridad y Justicia, por ello el informe es dirigido a esa área.
“Tiene que ver con que me parece, ya vengo diciendo varias veces, que hay leyes que no se cumplen. Y que no puede ser que se sancionen leyes y que después los poderes del Estado, que tienen que ser los primeros en fijarse si las leyes se están cumpliendo, se llevan a cabo o no. Entonces, más que con un robo particular, tiene que ver con que me estoy preocupando y ocupando de que las leyes se cumplan”, remarcó.
