Sin dudas, la queja que obtuvo el podio, como cada miércoles, estuvo vinculada con las obras de remodelación de la Plaza 9 de Julio.
En primer lugar, la concejala Alicia Vargas denunció graves incumplimientos en las instalaciones eléctricas de la plaza, teniendo en cuenta los reclamos expresados por los cientos de miles de fieles que durante las celebraciones religiosas de los Patronos Tutelares, Señor y Virgen del Milagro, se encontraron a oscuras en toda la zona.
De este modo informó que, de conformidad a datos recabados, no existía aprobación de los planos de electricidad por parte de COPAIPA y que los mismos ingresaron recién el 10 de septiembre pasado (pese a los anuncios y adelantos de la intendencia, que sostenían que “estaba todo listo para la gran inauguración” del espacio emblemático de salteños y salteñas).
“Es probable que Edesa nunca haya habilitado estas obras, por lo que nunca se tendrían que haber encendido las luces, como tampoco estaba habilitada la empresa contratista para hacer ningún tipo de instalaciones”, dijo Vargas, que además anticipó que realizará el correspondiente pedido de informes sobre el puntual tema.
“Estamos preocupados por lo que se está haciendo con la hacienda pública”, aseguró la concejal capitalina, Paula Benavides, durante la presentación del proyecto, y dijo: “Nadie en este cuerpo logra ver la inversión que se tendría que ver, entendiendo que se han gastado más de 250 millones de pesos”. “Le solicitamos al Tribunal de Cuentas que envíe las actuaciones para ver qué es lo que se hizo en la plaza”, insistió.
Otra vez fotomultas
Por su parte, Guillermo Kripper reclamó otra vez por el problema de las fotomultas que comienzan a llegar a los hogares, pese a que las mismas fueron declaradas ilegales. De este modo aseguró que recurrió a la justicia y envió una carta documento al Banco Macro, solicitando se abstenga de cobrar porque el convenio es nulo e inconstitucional.
“No se puede jugar a las escondidas, no se puede jugar con los vecinos, no pueden recibir notas de fotomultas, no puede foto y clink caja. Cuando hablamos de foto clink caja estamos hablando de recaudación y no de prevención”, sostuvo Kripper.
Hay más de 60 ordenanzas aprobadas, sin promulgar
Durante su alocución, la concejal Paula Benavides, cargó nuevamente contra la gestión de Bettina Romero, y su escasa a nula sintonía con el cuerpo de ediles capitalinos. “Es el colmo de los colmos que le pidamos al Ejecutivo que promulgue las ordenanzas que ya sancionamos”, aseguró Paula Benavides – concejal capitalina – al momento de informar sobre el proyecto de Resolución, dirigido a la Municipalidad, para que cumpla con la tarea, puntualizando que son más de 60 las ordenanzas que se encuentran aprobadas y sin promulgar. En este sentido, la edil consideró que se trata de una muestra más del desinterés y la falta de respeto con la que se maneja la Administración Romero a la hora de tratar con el Concejo Deliberante. “Hay ordenanzas que esperan desde noviembre, pero, claro, cuando ellos necesitan las ordenanzas salen rápido, por ejemplo, las subas en la Unidad Tributaria. Sabido es que, hasta tanto una ordenanza no se publique en el Boletín Oficial, no se puede aplicar porque la ciudadanía no conoce de qué se trata”.
Licencia por violencia de género
En la sesión del Concejo de ayer miércoles se sancionó una ordenanza que contempla licencias en el ámbito de la Municipalidad a quienes sufran violencia de género y/o familiar. “Existía una ordenanza donde se establecía la licencia por violencia de género, pero agregamos el tema de la violencia familiar, contemplando que la violencia puede darse contra cualquier integrante del grupo familiar”, explicó la concejal Malvina Gareca al momento de informar sobre el proyecto.
Señaló que la licencia en cuestión tiene el sentido de brindar el tiempo necesario a la víctima para que, además de hacer la denuncia de rigor, pueda realizar todos los trámites que sean necesarios sin preocuparse por su puesto de trabajo.
“Será el departamento de Recursos Humanos el que evaluará la cantidad de días que son necesarios, por supuesto, sin afectar su salario”, concluyó Gareca.
De este modo, la Municipalidad habilitará un protocolo de acción con asesoramiento jurídico y psicológico en un ámbito de “secreto” en donde no quede expuesta la víctima sobre el motivo de la licencia para evitar la revictimización.
