La presión mediática, la exposición del caso de la niña de 10 años embarazada luego de ser violada por su padrastro, impulsaron al gobierno provincial, en este caso mediante el gobernador Juan Manuel Urtubey a eliminar el decreto 1170 que imponía ciertas condiciones para restringir los casos de abortos punibles.
En la Cámara baja, ingresó el proyecto de ley de autoría del diputado Lucas Godoy (Capital-PJ) que propicia para Salta el Protocolo para la atención integral de las personas con derecho a la interrupción legal del embarazo, elaborado por el Ministerio de Salud de la Nación.
En adelante una vez sancioanda la ley en definitiva - esto ocurrirá cuando el Senado lo trate y lo apruebe- se establecerá la obligatoriedad de la aplicación en el Sistema de Salud de Salta del instrumento elaborado por el Ministerio de Salud de la Nación para los casos de abortos no punibles.
Protección de víctimas de violencia
Otro tema que tiene previsto tratar en la fecha la Cámara baja, corresponde al expediente de autoría de la diputada Silvia Varg (Bloque Un Cambio para Salta) que corresponde al proyecto de ley por el cual se propone modificar el art. 10 de la Ley 7403 de Protección de Víctimas de Violencia Familiar.
El presente proyecto de ley plantea la urgencia de preservar a quienes fueron víctimas de violencia, de tomar todos los recaudos frente a la posibilidad de un nuevo ataque del agresor. Las estadísticas demuestran que cuando cesa la detención del victimario o condenado, en muchas oportunidades se producen reincidencia de violencia, que en la mayoría de los casos ha llegado al femicidio, con un total de 292 mujeres asesinadas en el año 2017 en el país y específicamente 24 muertes en la provincia de Salta, con un promedio de una mujer asesinada cada 27 horas.