Así, desde la Unión de Trabajadores Municipales (UTM), su máximo referente Pedro Serrudo, calificó al proyecto como “un escándalo jurídico” y lamentó que “los legisladores se preocupen en cercenar el derecho a la protesta social, que hace a la esencia del sistema democrático que se encuentra protegida por el derecho a la libertad de expresión”, sostuvo.
Del mismo modo y desde la Mesa de Derechos Humanos de Salta, apuntaron al “intento de legitimar leyes represivas que lesionan los derechos consagrados en nuestra Constitución, como así también en los tratados internacionales a los que adhiere nuestro país”.
Por su parte, desde el Partido de la Victoria esgrimieron un comunicado oficial en el que también repudiaron el proceso de aprobación de esta norma, que según consideraron: “es de características totalitarias y convertirá a Salta en la única provincia de la República Argentina con una norma de semejantes rasgos abominables, la cual busca impedir el ejercicio de los derechos laborales y sociales promovidos por nuestro partido.
Así se sumó a una larga listas de sindicatos y asociaciones que apuntaron todas al peligro de “criminalizar la libertad de expresión”, y de los resabios de las épocas más oscuras de persecución en Argentina.
Rechazo a nivel nacional
Desde el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), siguieron de cerca el conflicto social y la respuesta del Estado y sus poderes con la sanción de esta polémica norma que a partir de su promulgación, controlará el derecho a la protesta en el territorio provincial.
Al respecto advirtieron que se trata de “un grave retroceso para los salteños y una amenaza para el país”. De este modo, y en un comunicado en sus redes, la ONG analizó que: “Esta medida establece lineamientos contrarios a los estándares interamericanos” al tiempo que recordó: “Esto ha funcionado, en muchos casos, como antesala para la persecución y criminalización de referentes.
Además, el proyecto no establece la prohibición de uso de armas de fuego ni la regulación de armas menos letales como sí lo hacen los protocolos de las fuerzas federales.
También la UCR
En un documento elaborado por ADELANTE, un espacio integrante de la UCR, analizaron la denominada “Ley Antipiquete”, sindicando a la misma como un “dispositivo distorsivo en donde el gobierno a través de legisladores que responden a pies juntillas aprobaron una Ley que atenta gravemente contra la libertad de reclamar ante las autoridades y con ello altera el espíritu de nuestra Constitución Nacional”. Asimismo agregan que con la misma “el gobierno ensombrece el debate público”.
