ELECCIONES 2023

Pablo Outes sumó el apoyo de los pueblos originarios de cara a octubre

El candidato a diputado nacional mantuvo un encuentro con representantes del Instituto Provincial de Pueblos Indígenas de Salta (IPPIS) donde manifestaron su agenda de reivindicaciones.

Outes junto a la dirigencia indígena. Foto: Prensa Outes.
Outes junto a la dirigencia indígena. Foto: Prensa Outes.

Outes se reunió este martes con el presidente Instituto Provincial de Pueblos Indígenas de Salta, Cándido Condori, otros vocales del IPPIS, y el secretario de Asuntos Indígenas, Luis Gómez Almaras.

Es el primer encuentro que llevó adelante el Coordinador de Enlace y Relaciones Políticas de la Gobernación con el sector, donde entre otros temas, desde el organismo indígena elevaron el requerimiento del reconocimiento estatal de los pueblos originarios, sumado a un pedido de defensa de los derechos de las etnias presentes en Salta.

El pedido de reconocimiento fue elevado por Condorí, recientemente electo presidente de la institución, quien habló en nombre de los vocales.

La lista que "conviene a los pueblos"

Otro de los dirigentes que tomó intervención fue el vocal y representante de la etnia José Rodríguez, perteneciente a la Misión Carboncito. 

El dirigente manifestó el convencimiento de las autoridades del IPPIS en el compromiso de Sergio Massa y Pablo Outes con la realidad de las comunidades y por ello, señaló que es la lista que "conviene a los pueblos originarios".

“Está en riesgo el derecho de los pueblos originarios, nuestros derechos adquiridos”, insistió el referente indígena.

El encuentro contó con la participación de los representantes de las etnias Diaguita Calchaquí, Guaraní, Chané, Toba, Wichí, Tapiete, Chorote, Chulupi y Kolla.

 

 

El riesgo de las comunidades

Tras los resultados electorales de las PASO, la reunión con dirigentes indígenas tomó relevancia debido a los resultados obtenidos por la lista de Javier Milei en distritos de mayoría originaria. 

Iruya, Embarcación, Los Toldos, San Antonio de los Cobres, entre otras, son localidades donde predominan las comunidades originarias y donde hubo victorias claves del esquema libertario. Rivadavia fue uno de los pocos departamentos con presencia indígena donde este sintoma no se repitió.

La preocupación de la dirigencia originaria y que buscan trasladar a las bases indígenas es en relación a las propuestas que los libertarios promueven para su sector. 

Si bien en la plataforma de Milei no se han expresado concretamente, hay antecedentes de La Libertad Avanza que indican la concepción que tienen sobre las políticas públicas destinadas a los originarios. 

En mayo del 2022, la candidata a vicepresidenta Victoria Villarruel presentó desde la bancada liberal un proyecto para avanzar con la derogación de la Ley 26.160 que declaró "la emergencia en materia de posesión y propiedad de las tierras que tradicionalmente ocupan las comunidades indígenas originarias del país con personería jurídica". 

La legislación fue importante para evitar los desalojos de comunidades en conflicto por sus tierras, algo que se daba de manera corrientes con fallos judiciales adversos en el territorio salteño.

La ley suspendió la ejecución de estas sentencias y obliga el estado a avanzar en un relevamiento de las tierras con la regularización dominial a favor de las comunidades.

Este proyecto fue apoyado por la figura de Milei y por el resto del esquema de La Libertad Avanza.

Actualmente la ley se encuentra prorrogada por un decreto del presidente Alberto Fernández en 2021, que continúa con la suspensión de desalojos hasta 2025. Un proyecto de ley de la senadora Nora Gimènez con media sanción para reglamentar esta suspensión continúa sin tratarse en la Cámara de Diputados por no contar con el acuerdo de los bloques opositores como Juntos por el Cambio, quienes buscan discutir una nueva ley con puntos a favor de los dueños de las tierras en conflicto.

Al estar como un decreto, desde el sector de los pueblos indígenas consideran que hay una fragilidad institucional al respecto, y que un eventual gobierno de Milei amenaza las garantías contra los desalojos.

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