Osvaldo Acosta, autor del proyecto, expresó a Nuevo Diario que venían trabajando desde hace un tiempo con la iniciativa teniendo en cuenta que en los municipios del interior hay una gran cantidad de mujeres en situaciones vulnerables por ser víctimas de violencia de género que no tienen donde vivir.
“Los municipios pequeños no tienen la capacidad de pagar alquileres en forma periódica para estas personas. La fiscalía siempre da un escrito o un dictamen diciendo que se haga cargo el Estado y consideramos que el Estado puede hacer cargo desde el IPV adjudicando una vivienda de tránsito en forma periódica, no definitiva sino en forma periódica para los municipios, para que ellos puedan contener a este tipo de personas”, sostuvo Acosta.
Asimismo, el legislador remarcó que Salta es una de las provincias con más cantidad de femicidios del país, y que de forma particular considera que uno de los motivos es que las víctimas no pueden “salir” del lugar donde están siendo violentadas por las imposibilidades económicas.
A pesar de haber sido incluido en el acata de labor parlamentaria, el proyecto finalmente no fue tratado. “A pedido de la Comisión de la Mujer, para ser fortalecido y analizado más en profundidad, ha quedado en comisiones hasta una próxima sesión o una próxima inclusión en el acta”, informó. El pedido fue de la presidenta de dicha comisión, la legisladora Mónica Juárez.
La iniciativa ya contaba con los consensos de algunas comisiones, pero la que preside Mónica Juárez es la cabecera y sin un dictamen de esa comisión, el proyecto no podía tratarse en el recinto.
“Esperemos que próximamente se lo pueda tratar, ya que considero que para el interior, y no solo para el interior sino para todos los municipios, es algo importante poder tener unas viviendas de tránsito para las personas vulneradas socialmente”, dijo Acosta.
