Durante el plenario que se está llevando a cabo en el Congreso para debatir el paquete de medidas impulsado por el gobierno nacional, la subsecretaria de Ambiente, Ana María Lamas dijo que hubo un “error” en dos artículos de la ley de Bosques.
Los cambios que se proponian que los desmontes no sólo se autoricen en zonas “verdes” (Categoría III – Bajo valor de conservación), sino también en zonas “amarillas” (Categoría II – Mediano valor de conservación) y “rojas” (Categoría I – Muy alto valor de conservación).
Lamas señaló que hubo un “error” en la inclusión de las categorías 1 y 2 y que las mismas serán eliminadas de la Ley. Estas hablaban de la quita de exigencias previstas en la Ley General de Ambiente sobre la información que deben proporcionar al Estado las personas físicas y jurídicas, públicas o privadas, sobre las actividades ambientales que desarrollen en las zonas antes mencionadas.
Las modificaciones favorecían a grandes empresarios inmobiliarios como Eduardo Elzstain. El dueño de IRSA era de los más beneficiados con los cambios a la Ley de Bosques. Cresud, perteneciente a Elzstain, tiene casi 300 mil hectáreas protegidas en la provincia de Salta.
El Consejo Asesor integrado por más de 50 instituciones y organizaciones sociales, ambientales, productivas, académicas y gubernamentales que elaboró de manera participativa el nuevo mapa de Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos (OTBN) de la provincia de Salta; anunció una serie de cuestionamientos a esta iniciativa.
En un documento al que accedió Nuevo Diario, los miembros del consejo señalaron aspectos técnicos, económicos, ambientales y sociales desfavorables ante la propuesta del ejecutivo nacional.
"La modificación propuesta no tiene fundamento técnico alguno ya que la asignación de categorías de conservación (colores) a los bosques nativos no es arbitraria o caprichosa, sino que está basada en la información científica existente sobre las características biofísicas y ambientales del territorio. En el caso de Salta, estas características están contempladas en los 11 criterios de sustentabilidad ambiental y otros parámetros establecidos en la Ley N°7.543 (Ley de Bosques Provincial)", afirma el escrito.
Y añadió: "La modificación propuesta tampoco ofrece ventajas económicas apreciables, aunque se supone que se hizo para favorecer la producción agropecuaria. Las zonas verdes del mapa elaborado para Salta, donde es posible autorizar desmontes, son aquellas en las que la producción es técnicamente viable y económicamente segura. Intentar producir en zonas amarillas o rojas, cuyo potencial productivo es bajo o nulo por las características del suelo, la topografía, o el clima, es totalmente irracional desde una perspectiva económica".
También sostuvo que las propuestas modificaban de manera considerable la calidad de vida de las comunidades originarias del chaco salteño, cuya dependencia del bosque es considerable en su cotidianeidad.
El Consejo Asesor contó con el asesoramiento de un Equipo Técnico interinstitucional coordinado por la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable (SAyDS) de Salta y conformado por el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), el Instituto de Investigaciones en Energía No Convencional (INENCO) perteneciente al Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), la Facultad de Ciencias Naturales de la Universidad Nacional de Salta (UNSa), el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), y la Administración de Parques Nacionales (APN).
