En las declaraciones, la concejal Alicia Vargas reclamó nuevamente sobre las demoras en las obras anunciadas por la Municipalidad, y aseguró: “De la recorrida no he visto grandes obras, ni cambios, no para el monto significativo de la obra”, recalcó.
Recordó que el proyecto de remodelación surgió de un convenio inicial con Turismo de Nación, por un monto de más de $109 mil millones de pesos, donde Nación aportó $50 millones y el municipio debía aportar el resto. “Cuando se trató la contratación por adjudicación simple se lo hizo por más de $131 millones, más tres obras complementarias, una de $40 millones, otra de $41 millones y otra de $39 millones, un total de $253 millones. Es decir que la puesta en valor de la Plaza 9 de Julio fue más cara que la del Puente de la Ayacucho, lo cual no justifico en absoluto”, enfatizó.
“Me quedé asombrada porque creí que iba a ver mucho más y terminé viendo mucho menos, y más por el monto de la obra”, señaló.
El déficit del municipio
En ese mismo marco de declaraciones, el concejal Víctor Costanzo denunció que la intendencia actual llevó adelante “un acto de destrucción contra la ciudad” y “un ataque a la sociedad” dado que se utilizaron fondos municipales de forma discrecional, además de una serie de incumplimientos en obras y hasta deudas con las empresas.
“Al Intendente electo, le digo, usted deberá pagar aguinaldo y sueldo de diciembre a toda la Municipalidad y a todo el Concejo. Lo que hizo el actual gobierno es un ataque a la sociedad, un acto de destrucción contra la Ciudad”, disparó el concejal, y agregó: “Tenemos miedo de que se lleven hasta los muebles. Le van a dejar un perno al nuevo Intendente”, apuntó Constanzo.
Piden la Ley Lucio
Este miércoles en el Concejo Deliberante, el edil Pablo López también se refirió al caso de Leonel, el niño de 11 años de Barrio Solidaridad que falleció la semana pasada, cuya madre se encuentra detenida e imputada. La manifestación fue en idéntico sentido a las expresiones vertidas el martes en la Cámara de Diputados.
De este modo, remarcó que existen casos anteriores como el de Thiago Quipildor y el de Francesca, donde se restituyó a los menores a sus hogares o progenitores, y terminaron perdiendo la vida. “Hablamos de un joven que había pedido ayuda, que ya había manifestado lo que sufría y el Estado no hizo nada, y su burocracia, sus lentos procesos llevan a que Salta tenga un niño menos que no pudo concretar su infancia”, expresó y detalló “el 17 de marzo había avisado en su escuela que en su casa le habían dado una paliza fenomenal y se lo veía, lo veían los docentes, directores y está claro que la escuela comenzó el debido proceso”.
