A través del decreto 285/2024, el gobierno de Javier Milei dispuso la intervención del Instituto Nacional de Agricultura Familiar, Campesina e Indígena (INAFCI) por el plazo de 90 días, con la posibilidad de prorrogarse por el mismo periodo por única vez a través de una resolución del Ministerio de Economía.
La designada fue Inés Liendo, integrante del PRO Salta quien fue precandidata a diputada nacional en las elecciones del 2021 y del 2023. En ambas elecciones, perdió las internas.
Dentro del partido, Liendo tampoco tuvo éxito y si bien el mismo continúa intervenido, el “grupo” más fuerte internamente es el que conduce el actual diputado provincial, José Gauffin.
En el decreto de Milei, se establece que el INAFCI beneficiaba “discrecionalmente” a determinadas personas u organizaciones vinculadas a los agentes que intervenían en los procesos de asignación.
Asimismo, afirman que hubo “ocupaciones de tierras fiscales” por parte del personal del Instituto y de áreas naturales protegidas; y que es necesario analizar minuciosamente los programas con financiamiento externo.
Estas afirmaciones, por el momento, no se acompañaron de evidencia o acciones legales.
Ante esos motivos, el decreto expresa que es necesario proceder a “la reorganización profunda” del organismo para lograr que sus objetivos sean alcanzados con “mayor eficacia, eficiencia y economía”.
Liendo tendrá entre sus facultades elaborar un informe del estado de situación del organismo; realizar todas las acciones necesarias para ordenar el régimen del personal; relevar la dotación del organismo con la posibilidad de tomar medidas como racionalización de la planta, cesantías, pases a disponibilidad, suspensiones y revisión de designaciones realizadas a través de concursos; designar y remover funcionarios; relevar procesos judiciales y administrativos en los cuales esté involucrado el organismo; examinar su estructura y proponer modificaciones; revisar procesos de compras, contrataciones y transferencias; reordenar programas y proyectos; disponer una auditoría sobre las instalaciones, bienes muebles e inmuebles; y evaluar e informar al Ministerio los cumplimientos de observaciones y recomendaciones que se efectúen en el marco de las auditorías.
