Emilio Durand utilizó sus cuentas personales para posicionarse en contra de las fotomultas, servicio que en la última etapa de la gestión de Bettina Romero se trató de instalar como sistema de control en el tránsito salteño.
“Las fotomultas pensadas solo como un negocio terminan beneficiando a unos pocos y perjudicando a todos los vecinos. Yo estoy en contra”, escribió el intendente electo.
Según explicaron fuentes reservadas a Nuevo Diario, desde el sector del senador hay preocupación ante rumores de que el actual ejecutivo municipal buscaría instalar el servicio de fotomultas en la ciudad previo a la salida de Romero de la intendencia.
Esto no solo significa una erogación de dinero de las arcas municipales para mantener tercerizado el servicio, sino también un compromiso legal mediante contrato con la empresa adjudicataria de una licitación cargada de irregularidades.
Las fotomultas de Bettina ¿Quién las ganó?
La licitación por las fotomultas estuvo cargada por un velo de críticas debido a la intromisión de la empresa CECAITRA quien ya había intentado mediante una contratación directa ser concesionaria del servicio.
La intervención del Concejo Deliberante y el Tribunal de Cuentas hizo caer esta decisión, obligando a la comuna a llamar a licitación pública. Sin embargo, la empresa que ganó la concesión del servicio fue DETECTRA, que es propiedad del hijo del titular de CECAITRA.
La licitación lejos de ser pública, se llevó a cabo de manera cuasi secreta y mantuvo durante todo el tiempo un tratamiento cerrado. Fue justamente el secretario Legal y Técnico, Daniel Nallar, quien confirmó a este medio que la empresa había ganado la licitación aunque nunca se comunicó de manera oficial.
La licitación fue derivada al Tribunal de Cuentas en noviembre y luego de ello se remitió nuevamente a la Municipalidad desde donde no se han comunicado novedades al respecto.
¿Invasión o no?
Las faltas que podrían ser fiscalizadas por los dispositivos que estarán enfocados en un ámbito que puede considerarse privado, lo que encendió la polémica: ¿se trata de una invasión al derecho a la intimidad?
El debate se instala en los salteños y los expertos en seguridad vial. En torno a la discusión, la prioridad de realizar controles más efectivos para reducir los siniestros es el argumento que cuenta sin lugar a dudas con apoyo unánime.
No obstante, la discusión se pone en el mecanismo para recolectar la información, el protocolo del manejo de esos datos y el temor de los conductores a que no se vulnere su privacidad aparecen como matices en la discusión.
“Vivir en incertidumbre”
En el tramo de manifestaciones, Guillermo Kripper lamentó la "falta de información y de certezas" de parte del Ejecutivo municipal, y habló de "incertidumbre total" en varios aspectos, aunque puso énfasis en las fotomultas. “Hay un silencio de funcionarios municipales sobre el contrato y la licitación de las fotomultas”, aseguró Kripper, este miércoles en el seno del Concejo Deliberante.
De este modo, el edil dio detalles de su recorrido en taxi por la Avenida Bolivia, en zona norte de la ciudad, y en ese marco, según relató Kripper, el conductor le expresó sus dudas respecto al funcionamiento o no del sistema y si, en definitiva, pueden multarlo con los mencionados aparatos.
“Bueno, no se sabe si están funcionando, no hay información ni señalización al respeto; ya se le pidió a la Municipalidad que retire las carcasas y no lo hicieron”, indicó el edil, y recordó que, cuando fueron al Concejo funcionarios municipales, dijeron que cámaras y carcasas habían sido colocadas en la gestión de Miguel Issa; “una tomada de pelo, todos vimos cuando se instalaron estos aparatos”, aseguró.
Finalmente, Kripper anunció que está preparando un nuevo pedido de informe –“que se sumará a muchos otros que ya se hicieron”, señaló– para conocer si el contrato está vigente o en qué quedó el tema.
En la misma línea, la concejal Agustina Álvarez coincidió en sus declaraciones en que las cámaras para fotomultas instaladas en la ciudad “generan un gran problema y una serie de incertidumbres”. Asimismo recordó: “Ya tomamos cartas en el asunto, presentamos ante el Tribunal de Faltas una acción declaratoria de certezas”, rememoró, al tiempo que recordó las conclusiones esgrimida por el propio tribunal: en cuanto a su inaplicabilidad: “No es bueno utilizar la teconología cuando le terminamos generando mayores problemas a la ciudadanía, cuando el fin es meramente recaudatorio, cuando vemos que en otros lugares en donde se aplican, no se resuelven los problemas; aumenta la burocracia y no puede dar una respuesta”, enfatizó e insistió: “los ciudadanos saben que este sistema no va a ser efectivo”.
Conclusiones del Tribunal
En concreto, el organismo entiende que habría vulneraciones a los derechos de los ciudadanos dado que sin la presencia de personal municipal que certifique la infracción al momento de haber sucedido, se vulneraría el principio de defensa de los vecinos.
En el documento también se comparó la cantidad de actas de infracción que tramita actualmente el tribunal (1.700 a 2.000 actas mensualmente), con los estimados que tuvieron otras provincias con estos sistemas (1.000 infracciones por día), lo que según detallan, implicaría una saturación del sistema de juzgados que tiene actualmente el tribunal.
“Un gran negociado”
Cabe recordar que en la sesión deliberante del último miércoles de agosto, fue el concejal José Gauffin, quien se expresó en consonancia a lo vertido desde el Tribunal de Faltas, al tiempo que se mostró satisfecho por la repuesta del Tribunal e hizo hincapié en el “enorme negociado” que los salteños están evitando gracias a que el Concejo frenó su implementación a partir de esta puesta en alerta.
¿Qué dicen los informes del Tribunal de Faltas?
Las principales críticas al sistema que defiende la Municipalidad surgen a raíz del modo de recaudación que tendría la empresa.
La licitación establecía que la empresa ganadora recibiría el 45% de los montos que se recauden de las infracciones de los conductores salteños. Esto según reclamaron del Concejo Deliberante, implicaría que la empresa buscaría multar más para obtener mejores ganancias.
“Yo entiendo que esta cláusula hace ilegal la licitación porque la Ley Nacional en el artículo 69 inciso G establece expresamente la prohibición del Estado a otorgar gratificaciones a quienes constaten multas sea por cantidad de multas constatadas o por el monto de la recaudación. Nosotros adherimos por ordenanza a la Ley Nacional y ese artículo no se excluyó”, remarcó la edil Paula Benavides en enero de este año, explicando que debería ser una contraprestación fija con la posibilidad de una cláusula de revisión.
El hecho es que esta modalidad de pago que fijó el municipio fue cuestionado por el Tribunal de Faltas de la Municipalidad, quien se encarga de centralizar las multas de tránsito.
En un informe remitido al Concejo Deliberante, el organismo cuestionó la licitación realizada y remarco una serie de puntos que consideran irregularidades en el llamado que ejecutó la comuna:
1) Del pliego y del contrato no surge expresamente un procedimiento que asegure la presencia de funcionario municipal al momento de la infracción y/o emisión del acta, lo que inicialmente transgrede normas municipales que hacen a derechos constitucionales.
2) La notificación de la Infracción prevista en el pliego, no asegura la garantía del debido proceso.
3) De los pliegos no surge Modelo de Acta de Comprobación, ni surge expresamente que la misma deba ser suscrita por funcionario competente a tal efecto. Tampoco se especifica la forma en que la firma del funcionario sería inserta en el Acta.
4) No se distinguen las posibles infracciones en las que procede pago voluntario, de aquellas en la que no procede pago voluntario.
