El Amigo del Tribunal (amicus curiae), es un instrumento de participación ciudadana en procesos judiciales de trascendencia institucional o interés público. Esta forma de intervención permite que un tercero ajeno a la causa se presente en ella para ofrecer opiniones de relevancia para defender un interés público e ilustrar al Tribunal en la solución del caso.
Distintas entidades de la sociedad civil pueden adoptar esta figura en el caso más común de los amparos colectivos que definen en su mayoría, asuntos de interés público.
Sin embargo, las dependencias del poder ejecutivo y las municipalidades no pueden intervenir en este tipo de procesos judiciales bajo esta figura, pese al interés que puedan tener en las temáticas.
Un ejemplo de esto fue el conflicto que protagonizó la Municipalidad de Salta contra Aguas del Norte en el 2022. En ese momento el ex juez Marcelo Domínguez – hoy ministro de Seguridad y Justicia – falló en contra de la comuna salteña alegando que no puede formular un amparo por el servicio de agua por no tener legalmente esa facultad.
El proyecto que tratará la cámara esta tarde prevé otorgar estas facultades al estado provincial, sus dependencias y a las comunas.
La reglamentación que se trata hoy en diputados limita a que el estado solo podrá “expresar una opinión fundada y aportar argumentos jurídicos, técnicos o científicos en defensa de un interés público o cuestión institucionalmente relevante”.
En ese sentido no podrá adjudicarse derechos procesales en el marco judicial ni tampoco versar sobre hechos, pruebas o elementos no propuestos por las partes.
Otro de los puntos que resalta del proyecto es que las intervenciones que se produzcan desde los organismos estatales son no vinculantes y será el Tribunal en juicio el que deberá dar lugar o no a la admisibilidad.
Los gobiernos municipales y el estado provincial deberán informar si recibió de las partes financiamiento o ayuda económica de cualquier especie y si el resultado del proceso le representa directa o indirectamente beneficios patrimoniales.
La iniciativa tiene que obtener dictamen de las comisiones de Justicia; de Hacienda y Presupuesto; y de Legislación General.
Los autores del proyecto son los legisladores del Bloque Justicialista Sáenz Conducción.
