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ASUMIRÁ EL 7 DE AGOSTO

Francia Márquez la primera vicepresidenta de raíces afro

Mañana domingo Francia Márquez se convertirá en la primera vicepresidenta negra de Colombia. Reconocida activista medioambiental y feminista, es una mujer que enarbola la bandera de aquellos que no tienen voz.

Marquez asume mañana en Colombia junto al presidente Gustavo Petro.
Marquez asume mañana en Colombia junto al presidente Gustavo Petro.

Pero su activismo casi le costó su vida: en 2019 quisieron matarla en su región en un atentado con granadas y ráfagas de fusil.

La activista medioambiental y feminista Francia Márquez se convertirá este domingo en la primera vicepresidenta negra de Colombia, un país hasta ahora gobernado por élites de hombres blancos, en el que logró superar un racismo estructural con un discurso a favor de la reconciliación nacional y en defensa de los "nadies".

Compañera de fórmula del senador y exalcalde de Bogotá Gustavo Petro, juntos se impusieron en un país históricamente dominado por el conservadurismo y los liberales y durante los próximos cuatro años encabezarán el primer gobierno de izquierda de Colombia.

"Dimos un paso muy importante, después de 214 años logramos un gobierno del pueblo (...), de la gente de las manos callosas, de la gente de a pie, de los nadies y las nadies de Colombia", dijo la lideresa social la noche de su victoria, punto culminante de una vida marcada por la lucha.

Nacida en una familia pobre del departamento suroccidental del Cauca, una región donde los grupos armados imponen su ley financiados por el narcotráfico y la minería ilegal, Márquez se convirtió en activista a los 13 años cuando la construcción de una represa amenazó a su comunidad.

A los 16 años fue madre soltera y se vio obligada a dejar la escuela y trabajar en la minería de oro artesanal a pequeña escala para criar a su hijo, sin dejar de lado la defensa de su tierra.

En 2009, junto a otros líderes comunitarios, inició un proceso de lucha para evitar el desalojo de comunidades afrodescientes luego de que el Gobierno entregara a multinacionales títulos de explotación minera en sus territorios.

Al afirmar que se había violado su derecho al consentimiento libre e informado, lograron un año más tarde que la Corte Constitucional reconociera esas tierras como ancestrales y suspendiera las concesiones.

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