La decisión surgió como respuesta del Poder Ejecutivo italiano que conduce Giorgia Meloni a una serie de delitos cometidos por bandas de adolescentes, entre ellos violación grupal. La crisis delincuencial juvenil también es un problema difícil de resolver para Italia.
El gobierno de Meloni determinó una serie de medidas para frenar los delitos cometidos por bandas de adolescentes. En los últimos días una violación grupal a dos niñas de 10 y 12 años en las afueras de Nápoles reavivó la polémica por la edad de imputabilidad. Antes, una joven de 19 años por parte de un grupo de siete adolescentes en Sicilia.
"Se refuerza la sanción de los padres que no manden a sus hijos a la escuela, que antes era penado como contravención y ahora elevamos a rango de delito con pena de reclusión", planteó el ministro de Justicia, Carlo Nordio.
Además, enfatizó: "Responsabilizando así a los padres creemos que ayudamos a los menores", explicó al ilustrar uno de los 14 artículos del decreto con el que el Gobierno busca atacar la "plaga de la criminalidad juvenil".
Y concluyó: "Buscamos conjugar la necesidad de la represión de la delincuencia juvenil con la necesidad de consentir de consentirles a los que cometieron crímenes de tener un recorrido no solo punitivo, sino reeducativo".
El decreto
Según trascendió, el decreto que prevé diversas disposiciones surgió de la "extraordinaria necesidad y urgencia de planificar intervenciones infraestructurales para hacer frente a situaciones de degradación, vulnerabilidad social y penuria juvenil en el territorio del municipio de Caivano", donde se cometió el ataque a las dos niñas.
La iniciativa cita también entre sus objetivos la "necesidad de reforzar las medidas para proteger el cumplimiento de la escolaridad obligatoria".
"Por eso nos dedicamos a los padres, ya que muchas veces la tendencia a la criminalidad de los jóvenes viene dada por la adhesión al crimen de sus familias", planteó el ministro de Justicia
Según planteó Nordio y luego reafirmó el ministro de Interior, Matteo Piantedossi, el decreto no incluirá una baja de la edad de imputabilidad, sino que se introduce un sistema de amonestaciones de parte de la Policía a los jóvenes de 12 a 14 años que cometan delitos considerados graves como robo agravado, además de una sanción administrativa a sus padres, que podría alcanzar también la quita de subsidios, según informó la agencia Télam.
La norma establece que se aplicará la prisión preventiva en caso de que se considere que los menores acusados están en riesgo de fuga, según indicó Nordio.
