El Tribunal Constitucional resolvió esta semana que el indulto a Fujimori, concedido en 2017, estaba vigente y dejó en manos de un juez la ejecución del beneficio que antes había sido bloqueado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) en un caso que divide al país.
Se "dispone que se devuelva todo lo actuado al Tribunal Constitucional para que proceda conforme a ley en cuanto a la ejecución de la sentencia estimatoria, emitida en este proceso de hábeas corpus", dijo el Poder Judicial por la red social X.
El juez Fernandez Tapia, magistrado la corte de Ica a cargo del caso, se declaró "no competente" en el proceso de indulto, según la resolución judicial difundida en las redes sociales.
El abogado del ex mandatario, Elio Riera, dijo a la radio RPP que estaban evaluando todas las vías legales para exigir la ejecución del indulto, que -afirmó- en dos oportunidades ha sido restablecido por la máxima corte y frenado a la vez por la Corte IDH.
Fujimori "esta tranquilo, está esperando que sus derechos no sean vulnerados a la espera de que el Tribunal Constitucional haga valer su sentencia", afirmó a periodistas la legisladora Martha Moyano, del partido fujimorista Fuerza Popular, tras conversar -dijo- con el ex mandatario luego del fallo del juez.
El gobierno de la presidenta Dina Boluarte, cuya popularidad ha caído a su nivel más bajo en su año de gestión, había dicho que iba a respetar y cumplir la sentencia de la justicia local.
El ex mandatario recibió el indulto por parte del ex presidente Pedro Pablo Kuczyski en vispera de Navidad del 2017. Tras unos meses en libertad fue vuelto a prisión por la intervención de la CIDH y otros organismos de derechos humanos. En 2022, el Tribunal Constitucional había emitido otro fallo a favor de Fujimori, pero quedó nuevamente suspendido.
El político, hijo de inmigrantes japoneses, está preso en una base policial en Lima, donde según sus médicos sufre de úlceras en el estómago, hipertensión, fibrosis pulmonar y ha pasado por varias operaciones en la lengua por lesiones cancerígenas.
En el mismo penal se encuentran otros dos ex mandatarios: Alejandro Toledo, investigado por corrupción, y Pedro Castillo acusado de rebelión tras intentar de forma ilegal disolver el Congreso.
Fujimori, de 85 años, fue condenado por ser autor mediato de la matanza de 25 personas en los casos Barrios Altos en 1991 y la Universidad La Cantuta en 1992, mientras su Gobierno enfrentaba a la guerrilla izquierdista de Sendero Luminoso.
Sus simpatizantes lo recuerdan como un líder de mano dura que salvó al país del terrorismo y una hiperinflación del 7.500 por ciento, pero sus detractores afirman que fue un déspota que disolvió el Congreso en 1992 y violó los derechos humanos para mantenerse durante una década en el poder.
