La resolución obedece a la decisión de la fiscal penal Ana Inés Salinas Odorisio, a cargo de la Unidad de Delitos Económicos Complejos, quien se declaro incompetente en la investigación. A través de un documento, Salinas acusó a los abogados José Viola de las Carmelitas Descalzas y Juan Casabella Dávalos, defensor de Carlos Obeid, quien administra los fondos de las fundaciones que responden al culto de la Virgen del Cerro.
La versión del Carmelo
Hoy por FM Aries ambos defensores salieron a replicar las declaraciones de Eduardo Romani, letrado que representa al Arzobispado de Salta y quién pidió la intervención del Vaticano en torno a la administración del Convento San Bernardo.
En torno a la investigación sobre los bienes y la administración de los recursos del Carmelo, Casabella Dávalos sostuvo que en torno a lo investigado, se concluyó que las cuentas se encuentran justificadas y aprobadas en la Dirección de Personas Jurídicas de Salta.
“La Fiscal insistió en tomar declaración a la Priora para hacer averiguaciones más precisas de los fondos del convento. Y de esa investigación resultó que el único faltante son los ahorros de 9 mil dólares del Carmelo, que los tiene el Obispo que se hizo prestar fraudulentamente 9 mil dólares y no los quiere devolver”, insistió el letrado.
Casabella Dávalos sostiene que el único faltante de dinero de las cuentas del Carmelo son $9 mil dolares que los tiene el arzobispo Mario Cargnello y que el mismo no devolvió. Por este hecho la defensa de las Carmelitas Descalzas pidió la imputación del arzobispo, pero a los pocos días la fiscal se excusó.
Por su parte Viola desmintió el hecho de que el procedimiento que llevó a cabo el Ministerio Público Fiscal para sustraer a una monja no fue allanamiento. “La denuncia existe, pero no solo es falsa, sino que es absurda”, enfatizó el abogado.
El fiscal Ramos Ossorio se encuentra llevando adelante la investigación por las denuncias de las monjas quienes advertían que no las dejaban salir del Convento pese a contar con las autorizaciones del Vaticano. Ya se tomó declaración testimonial de las víctimas y en diálogo con Nuevo Diario, el fiscal sostuvo que no hay argumento legal que justifique la retención de las religiosas.
