Los efectivos Aldo Daniel Chauque, Santiago Delfín Jonathan Alcoba, Leonardo Corrillo, María José Miranda, Juan Alfredo Guitián, Jorge Valdiviezo, Jorge Alberto Saracho Dermith, Álvaro Nicolás Guanca y Cristian Agustín Cruz son juzgados por los delitos de allanamiento ilegal de domicilio, vejaciones agravadas por la violencia y lesiones graves en concurso ideal, todo en concurso real. Los imputados Chauque, Alcoba y Corrillo también están acusados del delito de falsedad ideológica.
El hecho denunciado ocurrió el 19 de diciembre de 2.020 en el barrio Bicentenario de la ciudad de Salta.
Entre otros testigos, ayer compareció el propietario del inmueble donde habrían ocurrido los hechos. En primera instancia señaló que estaba en su casa cuando su hijo y Fernando Adrián Oliver (víctima) entraron corriendo. Detrás de ellos ingresaron policías que, luego de romper la puerta, le pegaron al amigo de su hijo (Oliver).
Él les advirtió a ambos que no quería problemas, pero enseguida arribaron los efectivos, patearon el portón, entraron sin su autorización y le dijeron a él que “no se metiera”.
“Ya está, ya está”
Frente a ciertas contradicciones detectadas en su relato, el fiscal solicitó que se dé lectura a la declaración brindada por el testigo en la etapa de investigación. En un primer momento no reconoció su firma, pero luego se rectificó. En aquella declaración había contado que ese día, alrededor de las 9, entraron su hijo y un amigo –Oliver- diciendo que la policía los estaba “correteando” que no quería problemas, pero enseguida arribaron los efectivos, patearon el portón, entraron sin su autorización y le dijeron a él que “no se metiera”.
El testigo refirió que, cuando entró Oliver, pasó directo al fondo de la casa y ahí lo encontró la policía. Dijo que él se quedó adentro y no vio lo que le hicieron al damnificado en el fondo. Sí escuchó que el muchacho gritaba: “Ya está, ya está”
Una mujer uniformada
El testigo manifestó que su hijo le comentó que la policía estaba molestándolos a él y a Oliver en la calle, que se los querían llevar y que por eso habían corrido hacia su domicilio. Supuso que a su hijo no lo demoraron porque logró esconderse debajo de una cama, en una habitación que daba al patio trasero. También sostuvo que no vio en qué vehículo policial trasladaron a Oliver porque él se había quedado adentro de la casa.
El testigo señaló que su esposa y su nuera intentaron intervenir y que insultaron a los policías, pero no vio que arrojaran piedras. Finalmente, aportó que afuera de su vivienda pudo ver a una mujer uniformada.
Posteriormente declaró un perito de la Unidad de Investigaciones del CIF. El testigo tuvo a su cargo el análisis de la filmación realizada por la cámara ubicada en el techo del móvil policial. También analizó una serie de informes consolidados.
El perito indicó que su tarea consistió en identificar posibles escenas de violencia por parte del personal policial.
Efectivos arrojando piedras
En su informe el perito describió -entre otras secuencias- una escena donde se observa a tres hombres en la vereda. El móvil pasa a su lado y luego retrocede. Uno de los sujetos se aleja y otros dos salen de foco. Luego de este episodio se observa a los dos jóvenes arrojar piedras al vehículo policial. La camioneta retrocede y la dupla corre hacia un pasaje. El móvil los sigue. Luego se observa a dos uniformados (un cabo y un sargento) arrojar piedras al domicilio donde habían entrado los jóvenes. La cámara del techo apunta hacia delante.
En un momento se ve a un tercer policía arrojando piedras.
En las secuencias se ve más adelante a dos policías pateando un portón y a dos mujeres que salen del domicilio. Seguidamente vuelve a percibirse el impacto de piedras contra el vehículo policial.
Durante la mañana también declaró un profesional del Servicio Médico Forense que revisó a la víctima, Fernando A. Oliver. En su informe consignó fractura de mandíbula bilateral (constatada en radiografía) y dificultad para hablar, edema facial notorio, escoriación en rodilla izquierda y hematoma en un brazo.
Por el Ministerio Público interviene el fiscal penal de Derechos Humanos, Gabriel Alejandro González. La defensa de los imputados está a cargo de Ramón Alfonso Méndez Ibarra (Alcoba y Corrillo), Pablo Alberto González (Saracho Dermith, Chauque, Cruz y Guitián), Gustavo Martín Ruiz Piazza y Hernán Facundo Paz (Miranda) y la defensora oficial Sandra Ortiz (Valdivieso y Guanca). Como "amicus curiae" se presentaron la Secretaría de Derechos Humanos y el Comité Provincial para la Prevención de la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanas o Degradantes.
La causa inició con la denuncia de la víctima, radicada el 21 de diciembre de 2.020.
