La Procuraduría de Narcocriminalidad del NOA, a cargo del fiscal general Eduardo José Villalba, formalizó la acusación ante el juez federal de Garantías N°1 Julio Bavio.
La auxiliar fiscal Mariana Gamba Cremaschi expuso que la primera detención se produjo el sábado 19 de marzo, cuando personal de Gendarmería Nacional, en la localidad de General Pizarro, en el sur provincial, detuvo un micro procedente de Orán, muy próximo a la frontera con Bolivia.
Indicó que, al revisar la documentación de los pasajeros, se advirtió que una mujer presentó un documento cuya foto no coincidía, como también incurrió en una serie de contradicciones al tratar de explicar esta irregularidad, para finalmente negarse a abrir el bolso que portaba.
Ante esta situación, los gendarmes, ya con el control judicial del caso, procedieron a la requisa con la asistencia de personal femenino de la policía provincial y descubrieron cuatro paquetes de droga, tipo ladrillos, en el interior del bolso.
Ante el hallazgo de la droga, cuyo peso era de poco más de dos kilos de cocaína, la pasajera no opuso resistencia. Por el contrario, cuando se llevaba adelante su traslado a otra dependencia de la Gendarmería, aportó información clave sobre la operación de tráfico que estaba en trámite.
Con estos datos, el fiscal Villalba instruyó para que se avance con la aplicación de una “entrega vigilada”, técnica de investigación criminal promovida por el Código Procesal Penal Federal, vigente en Salta y Jujuy desde el 10 de junio de 2019.
De esta manera, y con la colaboración de una mujer gendarme de similares características físicas de la imputada, se acordó un lugar de entrega de la droga en inmediaciones de un centro de salud del barrio Solidaridad, en la zona sur de la ciudad de Salta.
El domingo a la tarde, tras varios contactos telefónicos con la mujer sindicada como la persona que supervisaba la operación de tráfico, se logró su detención y la de su madre. Ambas mujeres eran vecinas del mismo barrio.
Al fundamentar la acusación, la fiscalía sostuvo que la participación de las tres detenidas está probada de manera contundente, pues indicó que la transportista aportó datos que permitieron establecer cómo se obtuvo la droga y se dispuso la ruta de transporte, de Orán a Joaquín V. González y de allí a la ciudad de Salta.
En cuanto a la principal acusada, una mujer que se desempeña en un sanatorio médico local, se estableció que no sólo respondió los mensajes de la transportista, sino que indicó cada paso que tenía que dar e incluso designó el lugar de entrega de la droga y la forma de pago por el transporte.
