Ambos tienen varias cosas en común, dice un artículo publicado por el periodista Germán de los Santos en el diario La Nación. Ambos eran magistrados federales, ocupaban juzgados en la frontera, en zonas calientes del narcotráfico, como Orán, en Salta, y la ciudad de Corrientes. Y los dos están presos, sospechados de cobrar sobornos de los narcos a cambio de dar beneficios judiciales, en regiones donde la corrupción se entreteje sobre la base de las complicidades que superan la Justicia y se derraman sobre la política y las fuerzas de seguridad.
La historia de estos dos exmagistrados, que tenían un sólido poder en sus jurisdicciones, donde acumulaban miles de causas de narcotráfico, dispara también interrogantes sobre los mecanismos de control que existen en juzgados que están alejados de las luces de Comodoro Py, pero que son claves en la lucha contra el narcotráfico.
En ambos casos, los jueces no aparecen en solitario involucrados en estas tramas oscuras de dinero y drogas ilegales, sino que otro eslabón que se repite es la complicidad de los funcionarios y empleados del juzgado y, sobre todo, de los abogados que patrocinan a narcos y que se transforman en intermediarios en el pago de coimas para que sus defendidos sean beneficiados.
"Los casos de Orán e Itatí demuestran la capacitad corruptora que posee el narcotráfico", ensayó el titular de la Procuraduría de Narcocriminalidad, Diego Iglesias, quien sostuvo que "el principal objetivo es mejorar la persecución penal de la narcocriminalidad, con la investigación de las organizaciones criminales que allí operan".
Y agregó: "No nos detuvimos allí, sino que profundizamos las investigaciones con el fin de ascender en la cadena de responsabilidades, tarea que puso en descubierto la convivencia de organizaciones narcocriminales con importantes funcionarios políticos, policiales y judiciales".
Reynoso
Reynoso fue condenado el lunes pasado a 13 años de prisión por siete hechos de concusión y prevaricato, acusado de ser el jefe de una asociación ilícita. Reynoso ocupó durante 10 años el juzgado de Orán, donde actuaba en complicidad con los abogados Eladio Gaona, quien está prófugo, y María Elena Esper y Ramón Valor, sentenciados a diez y cuatro años, respectivamente.
Fueron absueltos por el beneficio de la duda el exprocurador de Salta René Gómez, junto con tres empleados del juzgado.
Reynoso está preso desde hace 34 meses en el penal de Güemes, cuando fue detenido el 1º de mayo de 2016, tras una investigación que encabezó la Procunar, fiscalía especializada que puso contra las cuerdas al magistrado, que a mediados de abril de ese año renunció por "cansancio moral".
Uno de los casos más notorios fue el del empresario boliviano José Luis Sejas Rosales, dueño de una flota de 250 camiones en Santa Cruz de la Sierra. Once vehículos de Sejas Rosales fueron incautados con más de 450 kilos de cocaína. El entonces juez le dio una ayuda enorme a este empresario narco: le devolvió los camiones secuestrados y le concedió el 25 de abril de 2015 la libertad provisoria. Sejas Rosales volvió a Santa Cruz de la Sierra y nunca más regresó.
