La fiscalía la acusó de varios delitos, como defraudación a la administración pública y lavado de dinero, y entre el miércoles y el jueves concluirá su alegato con la solicitud de años de prisión para ella y otros 16 acusados, entre ellos el secretario general del gremio de empleados judiciales de Resistencia.
El juicio oral comenzó en septiembre pasado y a fines de diciembre los fiscales federales Federico Carniel, Carlos Gonella e Indiana Garzón iniciaron sus alegatos. En la primera jornada adelantaron que iban a pedir condena para todos los acusados porque entendieron que en el proceso se probó que Ayala, como intendente de Resistencia, le asignó indebidamente a la empresa “Pimp S.A.” el negocio de la recolección de basura en la ciudad y que luego lavaron el dinero obtenido de los contratos: 260 millones de pesos.
El Tribunal Oral Federal de Resistencia retomará las audiencias el martes a las 17. Allí la fiscalía terminará de analizar la prueba y la situación de cada acusado y la expectativa es que el fiscal Carniel el miércoles o jueves haga el pedido de años de prisión para todos los acusados.
Ayala -quien rechazó las acusaciones y se definió cuando declaró como una “intendenta exitosa”- fue tres veces consecutivas jefa comunal de Resistencia -de 2003 a 2015- y una de las referentes de la Unión Cívica Radical (UCR) en la provincia. De hecho, en 2015 fue la candidata de Cambiemos -entonces la alianza entre la UCR, el PRO y la Coalición Cívica, luego devenida en Juntos por el Cambio- para la gobernación de Chaco que perdió contra el peronista Domingo Peppo. En 2015, con Macri como Presidente de la Nación, asumió como secretaria de Asuntos Municipales del Ministerio del Interior, cartera a cargo de Rogelio Frigerio. Por su actuación en ese cargo, Ayala tiene otra causa por corrupción.
Armaron una empresa para presentarse en la licitación
Los fiscales federales acusaron en el juicio oral a todos los imputados de los delitos de defraudación a la administración pública, negociación incompatible con la función pública, incumplimiento de los deberes de funcionario público y lavado de activos agravado por la participación de tres o más personas.
Para la Fiscalía se dio por probado que la empresa “Pimp S.A.”, propiedad de Sampayo, se armó con el único objetivo de ganar la licitación para la recolección de residuos en Resistencia que terminó siendo un negocio de 260 millones de pesos. Los fiscales plantearon en sus alegatos que de hecho fue la única empresa que se presentó a la licitación y que en tiempo récord ganaron el primero de los varios contratos que tuvieron con el Municipio. También que cuando Ayala dejó la intendencia la empresa no tuvo más actividad. Para los fiscales, Ayala y Sampayo fueron los ideólogos de la maniobra que se extendió de 2014 -último año de Ayala como intendenta- hasta 2018.
Otro de los acusados en el caso es el abogado Daniel Fischer, ex pareja de una de las hijas de Ayala, empresario y quien trabajó con la ex intendenta en su campaña para la gobernación. Además, los dos formaron parte de la fundación “Construir”. Como empresario, Fischer formó parte de “Pimp S.A.”, a través de otras empresas. Para la Fiscalía, Fischer fue el vínculo entre Ayala y Sampayo.
Diputada y desafuero
En 2017 dejó el Poder Ejecutivo y asumió como diputada nacional. Y en enero del año siguiente comenzó la investigación del caso que hoy la tiene acusada y que se inició por una denuncia anónima contra Jacinto Sampayo, entonces secretario general del Sindicato de Trabajadores Municipales, por presuntos manejos irregulares de fondos públicos. Sampayo continúa hoy al frente del gremio. Durante la investigación del caso, el fiscal federal de Resistencia, Patricio Sabadini, pidió la detención de Ayala porque entendió que en libertad podría entorpecer la causa o evadirse de la justicia. La jueza Zunilda Niremperger aceptó el planteo y le pidió a la Cámara de Diputados el desafuero ya que como legisladora nacional tenía inmunidad de arresto.
El tema se debatió en Diputados, pero los legisladores de la UCR y el PRO no dieron los votos para tratar el pedido de desafuero y en mayo de 2019 la Cámara Federal de Casación Penal revocó la orden de detención, lo que también hizo concluir la discusión en el Congreso. Ayala llegó en libertad al juicio oral y en 2021 dejó de ser diputada.
