Fueron imputados por el delito de trata de personas con fines de explotación sexual, agravado por el uso de intimidación y por la calidad de ministros religiosos, en concurso real con lesiones leves, en ambos casos en calidad de coautores.
En su resolución, la magistrada reflejó lo sucedido en la audiencia de Control de la Acusación, celebrada el 27 de septiembre pasado.
En esa instancia, la Unidad Fiscal Salta, a cargo del fiscal general Eduardo José Villalba, ratificó la imputación penal y presentó las pruebas con las que irá a debate, sin que se hayan planteado controversias desde la defensa. Al presentar la acusación, Villalba y la auxiliar fiscala Vanina Pedrana ratificaron la teoría expuesta el 29 de diciembre pasado, cuando la fiscalía formalizó la investigación penal contra ambos acusados. En la acusación se sindicó a ambas personas imputadas como líderes espirituales en el templo ubicado en calle 16 de Septiembre 338 (hoy Ernesto Guevara), en Villa San Antonio, a pocas cuadras del casco céntrico de la capital provincial.
Villalba explicó que, en esa calidad, también conocida como “pae” y “mae”, la pareja captaba a personas en estado de vulnerabilidad, que luego eran explotadas en su beneficio. Eso se concretaba como parte de actividades religiosas dirigidas a venerar a San La Muerte, dentro del credo Umbanda y Kimbanda.
La fiscalía probó esta hipótesis a partir de una investigación iniciada en mayo del año pasado, cuando la pareja de una joven captada por los acusados reveló que había cedido a los dos acusados el usufructo de un vehículo que le había regalado a ella, y que también les proporcionaba el dinero que ganaba producto de servicios sexuales que realizaba, a cambio de que el “santo” que veneraban intercediera a su favor. “Con el propósito de establecer los motivos por los cuales entiendo verosímil la teoría del caso formulada por la fiscalía, he de resaltar la singular gravedad de los hechos investigados en esta causa, que requieren un especial enfoque de género”, señaló la jueza.
Esta situación de sometimiento a través de metodologías de adoctrinamiento y aislamiento con la aplicación de castigos también fue constatada en otra víctima.
Impusieron ofendas
De acuerdo con los elementos recabados, en ambos casos los líderes del templo impusieron a los y las fieles la obligación de ofrendar todo el dinero de sus ganancias para utilizarlo en la adquisición de la propiedad de un inmueble. También se valían de esos fondos para solventar sus necesidades temporales.
La fiscalía recordó que, con los elementos de prueba recabados, dio intervención a la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas del Ministerio Público Fiscal (PROTEX), a cargo de la fiscal federal Alejandra Mangano y del fiscal general Marcelo Colombo. La oficina especializada coincidió con el rumbo investigativo impulsado por el fiscal general luego de un minucioso análisis del caso.
