Su abogado defensor, Marcelo Arancibia, adelantó en la última audiencia, el jueves pasado, la declaración del empresario, quien sigue el debate desde el estudio del letrado debido a un problema de salud que atraviesa, el que le impide estar en la sala de audiencias.
Desde que comenzó el juicio, el tribunal, presidido por la jueza Marta Snopek y los vocales Alejandra Cataldi y Abelardo Basbus, dio lectura al pedido de elevación a juicio del fiscal Carlos Martín Amad, quien impulsa la acusación contra Levín, José Antonio Grueso, exjefe de personal de la firma y el excomisario, Víctor Hugo Almirón, exjefe de la Comisaría Cuarta de la Policía de Salta.
Levín es juzgado por su presunta responsabilidad como instigador de los delitos de "privación ilegal de la libertad cometida con abuso funcional agravada por haberse cometido con violencia y amenazas en concurso real con imposición de tormentos agravada por ser las víctimas perseguidas políticas" en perjuicio de 17 trabajadores de la empresa que fundó.
El empresario fue condenado a 12 años de prisión en 2.016 por privación ilegítima de la libertad y tormentos en perjuicio de Víctor Manuel Cobos, hermano de una de las víctimas y también trabajador de la firma. La sentencia, sin embargo, aún no está firme, pues fue apelada y obtuvo una resolución favorable de la Cámara Federal de Casación, tras lo cual la Corte Suprema volvió a revertirla, sin que hasta el momento haya una decisión definitiva.
Grueso, otro de los que está siendo juzgado, está acusado como partícipe necesario de los mismos delitos, tanto en perjuicio de Cobos, como de otros 16 empleados, acusación que también recae en Almirón, en calidad de autor mediato. Entre los distintos agravantes, resalta el hecho de las víctimas eran perseguidas políticas.
Según el requerimiento, los hechos fueron cometidos en el marco de los "procedimientos policiales realizados entre los días 20 de enero y el 24 de enero de 1.977 en las provincias de Salta y Tucumán", cuando efectivos de la ex Comisaría Cuarta de la policía provincial, a cargo de Almirón, detuvieron sin orden judicial a unos 25 trabajadores de la empresa de Levín.
Torturas y una denuncia de supuesto fraude
Las detenciones se concretaron en la empresa, en los domicilios particulares, o bien se efectivizaron en la comisaría. De acuerdo con la acusación, el disparador de los hechos fue una denuncia por fraude formalizada por Levín en la misma comisaría, la que fungió como un centro de detención clandestino.
El empresario había acusado a sus empleados de participar en una supuesta defraudación a la firma. Para la fiscalía, las detenciones ilegales surgieron de una lista provista por Levín, a través de Grueso, quien era su "mano derecha" en la empresa. Fue así como todos los trabajadores, en su mayoría integrantes de la UTA, terminaron presos en la comisaría Cuarta, ubicada en calle Lerma 656, y luego en el penal de Villa Las Rosas.
En las últimas dos audiencias, la fiscalía presentó siete testigos que fueron víctimas de los delitos imputados, entre ellos Cobos, quien describió, además de lo irregular de su detención, cómo fue torturado en la comisaría Cuarta, siendo "picaneado", entre otras atrocidades.
