Villegas afirmó a Nuevo Diario que el Concejo Deliberante de La Merced planea avanzar en una ampliación de demanda y solicitar que el intendente también sea juzgado por el delito de retención indebida de haberes. El requerimiento a juicio sobre Wayar pesa sobre los cargos de peculado, más no así sobre el delito de retención indebida de haberes.
En la causa que investiga los sobresueldos abonados desde la gestión de Javier Wayar a tres concejales, también se incluía el delito de retención indebida que promovió el Concejo Deliberante en el año 2020.
Los concejales encabezados por Santiago Huerga reclamaban en ese año que la Municipalidad no giraba los fondos correspondientes al cuerpo, debido al conflicto político que sostenían las autoridades con el jefe comunal.
La Fiscalía de Delitos Económicos Complejos informó que sobre este punto iba a sobreseer parcialmente al intendente. Villegas afirmó que en este punto no concuerdan con lo dictaminado y adelantó que solicitarán también se requiera juicio sobre este delito.
"Esta semana nosotros vamos a hacer la ampliación de esa denuncia, porque consideramos que hay prueba suficiente para que también se eleve a juicio. Lo que nosotros vamos a hacer esta semana es ampliar pruebas", señaló el actual presidente del Concejo.
La causa
La fiscal Ana Inés Salinas Odorisio solicitó ante el Juzgado de Garantías 8 el juicio para el intendente de La Merced Javier Wayar, por los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público y peculado.
Las acusaciones surgieron en noviembre del 2021, cuando el entonces presidente del Concejo Deliberante del lugar, Santiago Huerga, reveló ante Nuevo Diario que presentó cinco denuncias penales hacia la gestión municipal. Tres de ellas correspondían a una situación de sobresueldos que se liquidaron a tres ediles oficialistas, Daniel Coreico, Pedro Gutiérrez y Dina Pastrana, para los que también se requirió juicio por el delito de peculado.
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En aquel momento, se detectó que estos concejales contaban con $57.000 pesos extras en sus cuentas bancarias, depositadas por la Municipalidad, que figuraban como “gastos de movilidad”.
Meses más tarde, en marzo del 2024, este medio logró dialogar con el ya imputado Wayar quien minimizó el hecho: "Los concejales estaban atrasados en el pago y querían una ayuda por la pandemia y se les dio. O sea, está bien si hablamos de millones, pero eran $60.000 a cada uno, fue una sola vez, no es una fortuna de plata”.
