Andrés del Valle Soraire es un exjefe policial que llegó a juicio como uno de los responsables del asesinato del comerciante y militante radical Fidel Yazlle.
De manera unánime, los jueces hallaron a Soraire culpable del delito de privación ilegítima de la libertad agravada por el uso de violencia y amenazas, en concurso real con homicidio calificado por alevosía y el concurso premeditado de dos o más personas, en calidad de partícipe necesario. El 11 de septiembre darán a conocer los fundamentos de la sentencia.
La calificación y pena impuesta coincidió en todos sus términos con el pedido realizado en su alegato por el fiscal general Carlos Martín Amad, titular del Área de Derechos Humanos de la Unidad Fiscal Salta, y el fiscal ad hoc Juan Manuel Sivila.
En cuanto a dos planteos realizados por la defensa de Soraire, respecto a la prescripción del caso por considerarlo un delito común y no de lesa humanidad, el tribunal rechazó tal postura, como así también dejó de lado otro pedido defensivo para considerar inaplicable la pena de prisión perpetua.
Soraire, quien permaneció callado en la oportunidad de brindar las últimas palabras ante el tribunal previo a la deliberación, dirigía al momento de los hechos la denominada “Guardia del Monte”, una división de la Policía de Salta que actuó en el terrorismo de Estado tanto en Salta como en las provincias vecinas.
El juicio inició el 5 de abril pasado con dos imputados: el ahora condenado Soraire y el expolicía Mario Víctor Palermo, quien fue subjefe y jefe de la Unidad Regional del Norte. Este último falleció el 25 de julio pasado, un día antes de la fecha fijada inicialmente para los alegatos del juicio.
Además de la fiscalía, participaron del juicio el abogado de la querella familiar, Javier Sarmiento, y el representante de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, Gastón Casabella, quienes coincidieron con el pedido de pena de la fiscalía.
Perseguido político
Los fiscales descartaron de plano las que consideraron pistas falsas que los mismos policías responsables del homicidio intentaron imponer, maniobra que –según explicaron- “ya hemos visto en otros casos, incluso en el secuestro y asesinato del ex gobernador Miguel Ragone”.
Por último, explicaron que la situación con Yazlle, pese a su estrecha relación con sus vecinos, se tornó peligrosa cuando el comerciante denunció hechos de corrupción cometidos por el intendente de facto Humberto Lazarte y el comisario Zenón Ávila (fallecido), lo que lo convirtió en un “perseguido político".
Su viuda impulsó y acompañó el proceso penal por más de 45 años
Al momento de los alegatos, Amad y Sivila analizaron las pruebas, el contexto del hecho y el reclamo de justicia por parte de Francisca Teresa Toledo, viuda del comerciante, quien impulsó y acompaña el proceso penal desde hace más de 45 años.
La fiscalía señaló que Yazlle fue amenazado previamente a su muerte, ejecutada el 11 de febrero de 1977. “En ese día, entre las 20.00 y 20.30, una camioneta llegó hasta el comercio de Yazlle y sus dos ocupantes fingieron pedir orientación, pero al acercarse, el comerciante reconoció a uno de ellos, circunstancias en que fue introducido al rodado, el que se marchó del lugar”, explicó el fiscal Amad.
Así, los captores llevaron al comerciante hasta dos kilómetros antes de llegar a la estación de Pluma de Pato, donde lo mataron a “quemarropa”, para luego arrastrar su cuerpo hasta las vías del tren. El cuerpo fue hallado al día siguiente totalmente diseccionado. De esta manera, indicaron los representantes del MPF, los autores del crimen buscaron no solo sembrar terror sino asegurarse la impunidad. Sin embargo, algunos testigos reconocieron en el cuerpo las heridas producidas por disparos.
Al profundizar sobre el caso, Sivila resaltó el contexto del asesinato como parte del terrorismo de Estado. Encuadró los hechos como delitos de lesa humanidad, tanto por la modalidad con la que fueron cometidos, como por el contexto histórico y político del país y de la provincia de Salta.
Comerciante querido
Los representantes del MPF marcaron que Yazlle era un comerciante muy querido en la localidad de Coronel Juan Solá, también conocida como Morillo, por el nombre de la estación ferroviaria. Puntualizaron que los testigos describieron a la víctima como un hombre con una gran sensibilidad social, pues siempre estaba dispuesto a ayudar a sus vecinos y a las comunidades originarias de la zona. Explicaron que los acusados, en tanto, se valieron del aparato estatal para eliminarlo, pues se había convertido en un “enemigo”, tanto por las denuncias como por su militancia en el radicalismo.
Amad, en tanto, destacó el reclamo de justicia de la viuda, cuyo perfil –dijo- resaltó por el fuerte reclamo de justicia por el asesinato de su esposo, más allá de las amenazas que el propio Palermo infundió antes de morir en algunos testigos.
