En diálogo con Hora de Voces (FM Ya 91.3), Romani confirmó que apelará la sentencia dictada por la jueza Carolina Cáceres Moreno en contra del sacerdote Lucio Ajaya, el obispo emerito Martín Elizalde, el vicario judicial Loyola Pinto y De Sancristoval y el arzobispo Mario Cargnello.
La sentencia ordenaba medidas de restricción de acercamiento, además de la obligatoriedad en realizar tratamiento psicológico y un curso sobre violencia de género a los implicados. Cáceres Moreno resolvió sobre la denuncia por violencia de género radicada por la orden de las Carmelitas en contra del arzobispo en el año 2021.
"Entendemos que es una sentencia que no está bien fundada, no tiene un orden cronológico las ideas, la verdad que estas cuestiones yo creo que la justicia tiene que comenzar a revisar su funcionamiento, la capacitación de algunos magistrados como por ejemplo en este caso", sostuvo Romani sobre la sentencia.
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Y añadió: "En esta historia tratar de fundamentar un fallo en ese sentido nos parece de una técnica muy pobre y muchas de estas cuestiones las vamos a dejar expuestas, creemos que hay una visión muy acotada del proceso, básicamente creo que los errores formales del fallo están muy a la vista y vamos a trabajar sobre esos aspectos".
El abogado defensor cuestionó los puntos del fallo y consideró que la resolución dictada por Cáceres Moreno excede las facultades que tiene la magistrada.
"Acá se trabajó a nivel mediático claramente planteando una condena como si fuese un proceso penal cuando estamos hablando de un proceso civil, y te reitero, netamente cautelar, donde nosotros entendemos que la propia resolución excede las facultades que tiene la magistrada", aseveró Romani.
Por otro lado, confirmó que las otras dos causas que involucran al Monasterio San Bernardo se encuentran activas. En el caso de la investigación sobre la administración financiera del Carmelo y su relación con la Fundación de María Livia Obeid (vidente de la Virgen del Cerro), informó que apelaron el archivo del expediente.
En el caso de la retención contra la voluntad de dos hermanas pertenecientes a la orden, sostuvo que la causa había sido archivada pero se reabrió a raíz de una declaración de una de las implicadas.
