Cáceres Moreno ratificó el último 3 de abril las medidas dictadas contra el Arzobispo Cargnello, junto al sacerdote Lucio Ajaya, el obispo emérito Martín de Elizalde y el vicario judicial Loyola Pinto y de Sancristóval.
Las medidas tomadas por la jueza son las mismas que fueron dictadas de manera preventiva cuando inició el conflicto entre el Arzobispado y el Convento San Bernardo a fines del año 2021.
Se intimó a Cargnello junto a los demás acusados a realizar tratamiento psicológico con perspectiva de género "a fin de trabajar patrones vinculares y hechos de violencia". Los implicados deberán presentar ante el juzgado constancia del tratamiento de manera mensual durante el plazo de seis meses.
Por otro lado, la capacitación ordenada es en cuestiones de género, violencia de género y normativa vigente, todo bajo apercibimiento de desobediencia judicial.
Las medidas se desprenden de la causa que investiga cinco hechos de violencia que las Carmelitas denuncian haber sufrido por parte de Cargnello, Ajaya, Elizalde y Loyola Pinto, luego de un episodio sucedido en el 2021 durante la pandemia.
En los autos judiciales a los que pudo acceder Nuevo Diario, los testimonios de las monjas relatan un altercado físico con violencia verbal que habrían sufrido de parte de Cargnello y Ajaya durante el velorio de una hermana. A Elizalde y Pinto los acusan de presiones ejercidas tras el primer desencuentro.
La defensa del Arzobispado aclaró a este medio que apelará la resolución judicial dictada por Cáceres Moreno, que ya habían sido dictadas en el 2022 y que fueron suspendidas provisoriamente en el marco de la discusión judicial.
Cabe destacar que el Juzgado de Violencia Familiar y de Género no emite sentencias sino resoluciones judiciales, por lo que el arzobispo y los religiosos acusados no se encuentran formalmente condenados tras conocerse este documento.
El conflicto
El cruce conflictivo que mantienen el Arzobispado y el Monasterio San Bernardo ha tenido múltiples capítulos que se han agudizado con denuncias penales en los últimos años.
El punto álgido llegó en 2021 con la denuncia por violencia de género de las Carmelitas hacia Cargnello y compañía, que fue el resultado de un conflicto de larga data entre ambas instituciones.
A raíz de esa denuncia, hubo otros dos procesos judiciales que se abrieron por una investigación en torno al manejo económico de las monjas que impulsaron desde el Arzobispado de Salta y una denuncia por retención en el convento contra su voluntad de dos monjas que querían abandonar el Monasterio.
La denuncia económica se radicó en la Fiscalía de Delitos Económicos Complejos y tuvo la particularidad de que la fiscal Ana Inés Salinas Odorisio se apartó de la causa alegando violencia moral por agravios y falta de respeto de la defensa del Monasterio.
Desde el Arzobispado buscaban demostrar la relación del Monasterio con la Fundación que maneja María Livia Obeid y la influencia de estos sobre los recursos económicos de la institución.
Esto basado en declaraciones que tuvo la madre priora del Monasterio San Bernardo donde informó que Carlos Obeid, esposo de María Livia, "lleva las cuentas", junto con Marcelo Mentesana.
Esta causa se encuentra formalmente archivada, desestimando el punto que buscaba investigar el Arzobispado. Sin embargo, los representantes legales de la Iglesia confirmaron a este medio que han apelado esa decisión y se encuentran a esperas de una resolución a su pedido por parte de la justicia salteña.
Dato de color, en esta causa terminó saliendo a la luz una deuda que el arzobispo tendría con el Monasterio por $9 mil dólares que fueron tomados en el año 2011 y nunca se habrían restituido.
Por otro lado, la denuncia sobre la retención de las dos monjas es investigada por el fiscal Ramiro Ramos Ossorio y hasta el momento se encuentra en trámite.
En este punto, desde la defensa de las Carmelitas argumentan que las dos mujeres actuaron bajo presión del Arzobispado, dado que ambas femeninas una vez salieron del Monasterio solicitaron se archive la causa de violencia de género en contra de Cargnello y compañía.
Según indican desde la defensa legal del Monasterio, ambas religiosas se presentaron en el expediente de Violencia con el patrocinio letrado de la doctora Lopez Peralta. Sin embargo, se develó que los escritos de esta religiosa fueron realizados por el doctor Eduardo Romani, quien patrocina la defensa de Cargnello.
Sobre este punto, la jueza Cáceres Moreno libró un oficio en su última resolución al Tribunal de Ética del Colegio de Abogados para que tomen conocimiento de este punto.
Con lo dictaminado por la jueza, el conflicto entre el Monasterio y el Arzobispado suma un capítulo más dentro del histórico conflicto que atraviesan desde hace años ambas instituciones.
