La Corte esta habilitada por mandato de la Constitución Provincial a confeccionar el presupuesto de erogaciones del Poder Judicial para el año 2024, con las previsiones que se juzgan imprescindibles para su normal funcionamiento.
El presupuesto que elevó el máximo organo judicial tiene el mayor gasto en lo que se describe como Gastos en Personal, que comprende un monto de $61.767.283.736, 55.
Bienes de consumo ($303.304.739, 46), Servicios ($1.753.169.518, 53), Bienes de Uso ($5.755.912.700,08) y Pasantías ($27 .750. 781, 30) son el resto de los ítems que mayor recurso demandan desde el Poder Judicial.
En cuanto a Bienes de Uso, la Corte discriminó la distribución de recursos sobre esta arista de la siguiente manera:
- Obras en Ejecución: $3.531.789.396,18
- Maquinaria y Equipo: $2.107.166.868, 90
- Libros y Colecciones: $3.930.000,00
- Activos Intangibles: $113.026.435, 00
El documento que elevó la justicia salteña fija también que la estructura de cargos del Poder Judicial quedará compuesto por 2805 cargos. La Acordada también diferencia de la determinación del presupuesto de recursos y gastos correspondientes a los tribunales creados y aun no implementados.
Por otro lado, amparados en la Ley Nº 8389. que sanciona el nuevo Régimen Penal Juvendil, la Corte solicitó la creación de 55 cargos para dotar de:
- 30 cargos para la habilitación de los tres (3) Juzgados Penales Juveniles y de Garantías en los Distritos Judiciales de Tartagal, Orán y del Sur - Circunscripción Metán.
- 25 cargos de profesionales de varias disciplinas, para continuar con la implementación del sistema de oralidad de todos los fueros y el desarrollo del sistema de oficinas de gestión judicial.
En su escrito, el órgano judicial "solicita con la urgencia que amerite el refuerzo presupuestario pertinente para el cumplimiento de la Ley Nº 8389".
Además, la Corte solicita autorización al Ejecutivo Provincial para que el Poder Judicial reinvierta los fondos que se recauden en cumplimiento de la Ley N.º 7838 (que regula los secuestros de divisas) y sean depositados en la "Cuenta Depósitos Judiciales" (cfr. art. 15 de la cit. ley), estimados en pesos ochenta millones $ 80.000.000,00), más el arancelamiento de los cursos que se dicten a través de la Escuela de la Magistratura, estimados en pesos veinticinco millones ($25.000.000,00).
La Acordada cuenta con la firma de los jueces, Teresa Ovejero Cornejo, Adriana Rodríguez Faraldo, María Alejandra Gauffín, Fabían Vittar, Ernesto R. Samson, Pablo López Viñals, José Gabriel Chiban, Guillermo Catalano y el secretario de Corte de Actuación, Juan Allena Cornejo.
Los Poderes Ejecutivo y Legislativo, son ahora quienes deben aprobar el presupuesto pedido por el Máximo Tribunal de la Provincia.
