Como consecuencia de una investigación llevada adelante por el área de Atención Inicial de la Unidad Fiscal Salta, el miércoles pasado el juez federal de Garantías de Orán, Gustavo Montoya, admitió la imputación requerida contra Mariela Barrientos en calidad de autora del delito de falsedad ideológica de documento destinado a acreditar la identidad de las personas en seis hechos.
En la audiencia de formalización de la investigación penal, la fiscal subrogante Paula Gallo se refirió a la detención de Barrientos el 24 de octubre pasado en la terminal de ómnibus de la ciudad cuando estaba por abordar un micro de larga distancia.
Expuso que, al verificar su identidad, y dado que existía un pedido de captura en su contra dictado por el juez Montoya a instancia de la fiscalía el 7 de febrero pasado, personal de la Policía Federal apostado en la terminal procedió a su detención.
La fiscal añadió que, ante la falta de arraigo y la alta probabilidad de fuga, puesto que posee gran facilidad para salir del país, requirió su prisión preventiva. El planteo no fue objetado por la defensa y, en su defecto, fue aceptado por el juez.
Al explicar la razón de la captura, la fiscal dio a conocer detalles de la extensa y minuciosa investigación que esa área lleva adelante desde el 14 de octubre del año pasado, tras una denuncia radicada por la titular de la Subsecretaría del Registro del Estado Civil y Capacidad de las personas de la provincia de Salta, María Fernanda Ubiergo.
En la denuncia, la funcionaria informó sobre la presencia de un hombre que llevaba a otras personas para realizar trámites identificatorios a la oficina que ese organismo posee en la localidad de Embarcación, ubicada a unos 140 kilómetros de la frontera con el Estado Plurinacional de Bolivia.
En detalle, la denuncia reveló los movimientos del sospechoso, quien luego fue identificado como Juan Ramón Aparicio, con pedido de captura vigente. Según lo referido, el imputado no sólo intervino en el inicio de los trámites, sino que luego monitoreaba cada uno e incluso habría intentado retirar los documentos con las respectivas constancias del trámite.
La investigación
La fiscal subrogante señaló que en ese momento lo que más llamó la atención a las autoridades del organismo fue que uno de los pasaportes gestionados tenía asentado un domicilio inexistente en Embarcación. Explicó que, posteriormente, a raíz de la investigación iniciada por la fiscalía con intervención de la auxiliar fiscal Vanina Pedrana, se pudieron desentrañar las maniobras de falsedad ideológica.
Al respecto, se estableció que Aparicio actuaba en complicidad con Barrientos, quien era el nexo con las personas que demandaban este tipo de documentación identificatoria, tanto DNI como pasaportes, por las cuales cobraban sumas que iban de los 6 mil a los 9 mil dólares.
Sobre la operatoria, la fiscal subrogante explicó que la acusada se valía de la identidad de personas fallecidas, por lo general de esa localidad, para gestionar primero el DNI y luego el pasaporte, trámites que iniciaban luego de obtener la partida de nacimiento de esas personas.
En los casos adjudicados a Barrientos, la fiscalía expuso nombres y fechas de las personas fallecidas, algunas en 1976 y otras en 1983. A ello se sumó la inclusión de datos falsos, como la declaración de domicilio, que significó la punta del ovillo del caso.
La fiscal subrogante explicó que la maniobra no fue advertida por el mismo organismo por una diferencia en el formato de registro que poseen los sistemas informáticos de la provincia y de la nación.
En materia de pruebas, la fiscalía mencionó una gran cantidad de evidencias, tanto directas como indirectas, entre las que resaltó la existencia de conversaciones entre los acusados, chats con los clientes y comprobantes de pago por uno de los trámites, entre otros.
Agregó que los dos clientes que demandaron los trámites irregulares fueron identificados, imputados y condenados. Ambos son oriundos de Bolivia y reconocieron haberlos requerido, confirmaron las sumas de dinero exigidas por Barrientos y uno de ellos explicó que lo había solicitado para hacer un viaje a España.
En efecto, el 8 de marzo y el 16 de abril pasado José Luis Coca Herrera y Aleida Villaroel Guzmán, ciudadano y ciudadana de Bolivia, recibieron penas de tres años de prisión en suspenso e inhabilitación por el tiempo de la condena por resultar autores del delito de falsedad ideológica de documento público destinado a acreditar la identidad de las personas en diferentes hechos relacionados a esta misma investigación.
Las condenas fueron dictadas en el marco de acuerdos de juicio abreviado homologados por el juez Montoya y por el juez de Revisión Ernesto Sola, respectivamente.
