La Unidad Fiscal integrada por el fiscal penal 2, Ramiro Ramos Ossorio, y la fiscal penal de la Unidad de Delitos Económicos Complejos (UDEC), Ana Inés Salinas Odorisio, recibió el Informe Pericial Contable de la Caja de Seguridad Social para Abogados de la Provincia de Salta.
El 28 de septiembre pasado, ambos fiscales solicitaron al Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF) llevar a cabo una pericia en el contexto de la investigación por presunta administración fraudulenta en la Caja de Seguridad Social para Abogados de la Provincia de Salta. El análisis de los datos y la elaboración del informe final fueron realizados por peritos contables del CIF y un perito de parte.
Por Resolución 1.456/23 del 17 de agosto de 2.023, el procurador General de la Provincia, Pedro García Castiella, creó la Unidad Fiscal integrada por los fiscales Penal 2, Ramiro Ramos Ossorio, y la fiscal Penal de la Unidad de Delitos Económicos Complejos (UDEC), Ana Inés Salinas Odorisio. La Unidad Fiscal lleva adelante la investigación que inició a partir de la denuncia de las autoridades de la Caja de Abogados de la Provincia de Salta quienes fueron alertados por parte de personal del área contable sobre una irregularidad en el cobro de un expediente. Al realizar un relevamiento, detectaron que hubo otra situación similar.
La maniobra
La maniobra consistía en recibir un pago y, en forma posterior, anular el recibo respectivo sin dejar asentada la razón o motivo de este accionar. Esto provocaba que en los registros informáticos internos el pago efectivamente realizado por el aportante figurara como adeudado, a pesar de haberse emitido por caja un recibo completamente válido y aceptable en términos legales, listo para ser presentado como evidencia de pago en juicio.
El martes 11 de julio, un hombre que se desempeñaba en el lugar con la función de cajero fue detenido e imputado provisionalmente por el delito de administración fraudulenta.
El fiscal penal 2, Ramiro Ramos Ossorio, solicitó la prisión preventiva del imputado, siendo rechazada el 2 de agosto pasado por el juez Diego Rodríguez Pipino. En su lugar ordenó el arresto domiciliario del imputado con un sistema de monitoreo y la caución real por un monto superior a 43 millones de pesos en efectivo.
