El tribunal está integrado por Mario Marcelo Juárez Almaraz, Federico Santiago Díaz (presidente) y Marta Liliana Snopek, mientras que los empleados de PAMI son Claudio Marcelo Palacios y Ricardo Gabriel Coronel, y a Sebastián Gonzalo Villagrán Di Prieto, propietario de una empresa de logística y servicios audiovisuales.
Abierto el debate, el fiscal federal a cargo del Área de Casos Complejos de la Unidad Fiscal Salta, Ricardo Toranzos, señaló que a lo largo del juicio probará que los empleados públicos incurrieron en los delitos de negociaciones incompatibles con la función pública e incumplimiento de los deberes de funcionario público, en grado de coautores, y que demostrará que Villagrán Di Prieto fue partícipe necesario en el primero de aquellos delitos.
El fiscal recordó que el caso se inició a partir de una denuncia anónima en la que se implicó a los tres acusados. Luego describió la maniobra, que fue dilucidada a partir de tareas de campo e inteligencia criminal que se llevaron adelante desde el área a su cargo y en las que intervinieron el auxiliar fiscal Facundo Mirabella y Ana Gómez Rincón, Nicolás Dubois y Facundo Saravia, personal del MPF.
Sobre la modalidad delictiva, Toranzos refirió que tanto Palacios como Coronel eran los encargados de preparar la documentación mediante la cual se tercerizaban ciertos servicios que eran pagados por ese organismo nacional.
Por cada contratación -explicó- se presentaban tres presupuestos y se optaba por la mejor oferta. Los servicios eran requeridos para actividades que el PAMI llevaba adelante, como por ejemplo el festejo de 50 años del organismo en distintos centros de jubilados.
Añadió que, además del secuestro de documentación y de la intervención de teléfonos que permitieron conocer las maniobras, se verificó la existencia de las empresas que concursaban en las contrataciones que presentaban irregularidades. Indicó que siempre eran los mismos oferentes y que la tasación más baja era la presentada por la empresa de Villagrán Di Prieto.
Denuncia anónima inicial
Las defensas, por su parte, rechazaron la acusación. Luego, los imputados optaron por negarse a prestar declaración, por el momento, en el proceso.
Enseguida, la fiscalía convocó a sus primeros testigos, la mayoría de ellos, efectivos de la Delegación Salta de la Policía Federal, quienes llevaron adelante distintas tareas, tanto de inteligencia criminal como de campo, como también tuvieron participación en los allanamientos realizados, uno de ellos en las oficinas del PAMI.
Los investigadores confirmaron la existencia de la denuncia anónima como puntapié del caso, a lo que siguieron las intervenciones telefónicas. Otro de los investigadores se refirió a la sospecha de que Palacios se desprendió de su teléfono al ser advertido desde adentro del PAMI sobre el allanamiento que se llevaba adelante y que tenía como fin el secuestro de elementos de interés para el caso.
Presentaciones falsas
El fiscal sostuvo también que se pudo verificar que las presentaciones de las otras empresas eran falsas, ya que sus propietarios negaron haber participado de esas licitaciones. Dijo que además se constató que los domicilios comerciales presentados tampoco existían, entre otras anormalidades.
En las comunicaciones telefónicas los imputados dijeron que “después de esas cosas hay cometa” y que “van a quedar como diez lucas de cometa para cada uno”.
“Todo va a ser demostrado durante el desarrollo del debate, con la declaración de los testigos y pruebas documentales que se van a exhibir”, aseguró el fiscal, quien de esta manera ratificó la acusación contra los tres imputados.
