El juicio se lleva a cabo con un tribunal integrado por los jueces Javier Aranibar (presidente), Martín Pérez y Leonardo Gabriel Feans (vocales).
Por el Ministerio Público interviene el fiscal Pablo Rivero. La defensa está a cargo de Nilda Emilse Garnica. Por la parte querellante actúa Eliana Verchan, en representación de la Municipalidad de Iruya, actualmente bajo conducción de Eugenio Herrera.
Durante el primer día del juicio comenzó la recepción de pruebas testimoniales. Declararon la abogada Verchan, la contadora que realizó la auditoría externa a solicitud del actual intendente (la cual arrojó una serie de irregularidades); además de la propietaria de un corralón.
Tras estos testimoniales, el ex intendente Soto solicitó declarar el lunes ante el tribunal.
La audiencia continuará el 4 de marzo en el distrito centro y luego, el 5 y 6, el tribunal y las partes se trasladarán a Iruya donde se recibirán nuevas pruebas testimoniales.
La causa
La denuncia surgió tras una auditoria en la comuna ordenada por el actual intendente Eugenio Herrera donde se denunció un faltante de justificaciones a gastos emitidos por la gestión de Soto.
"Su contador nos informó sobre una deuda de $ 6 millones, nosotros investigamos y llegamos a un faltante de $ 7 millones, y ahí radicamos la denuncia para no cargar con un muerto que no me correspondía a mí", dijo el jefe comunal a Nuevo Diario, al momento de conocer la elevación a de la causa a juicio.
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En su requerimiento de juicio, la fiscal Salinas Odorisio sostuvo que "el acusado, en su calidad de intendente de Iruya, emitió el 06/12/19 tres cheques a favor de la Municipalidad de Iruya por un monto total de $ 970.000 que él mismo cobró el 09/12/19, de los que no obra constancia de su destino y que, conforme a lo denunciado por la actual gestión Municipal, no existe una rendición de cuentas efectuada ante la Municipalidad de Iruya".
En cuanto al segundo hecho, la titular de la UDEC manifestó al Juzgado de Garantías que "el acusado recibió del Ministerio de Desarrollo Social fondos provenientes de los programas sociales AIPAS, Asistencia Crítica y Pan Casero por un importe total de $ 14.594.982,93; de los cuales sólo rindió $ 8.716.909,50, quedando un saldo pendiente de rendir de $ 5.878.073,43".
En la auditoria realizada por la Municipalidad de Iruya, la comuna señaló un faltante de $7.773.758,89 que, luego de finalizado el mandato del exintendente (2015/2019), ingresó un informe de cheques rechazados (emitidos un día antes de la finalización de la gestión) por un valor de $ 5.397.032,62.
De las investigaciones realizadas por el Gabinete de Delitos Económicos del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF), surgió que existiría un faltante de dinero de $6.848.073,43, cuya administración y custodia le habían sido confiadas a Soto.
“Nosotros queremos que lo que es del municipio se devuelva”, dijo Herrera a este medio sobre el faltante de dinero de la Municipalidad.
