La retención ordenada por el Juzgado se ejecuta por el 20% del sueldo de Javier Wayar hasta que se junten $3.5 millones, que es lo estimado como el monto en perjuicio.
La medida se dictó en la causa que actualmente se constituye contra el mandatario municipal por los delitos de retención indebida (de las dietas de los concejales), incumplimiento de los deberes del funcionario público y peculado; y la cautelar es por la primera de las imputaciones donde se acusa a Wayar de haber retenido de manera ilegal el sueldo de los ediles.
Además se pidió informes a todos los bancos, Dirección General de Inmuebles y a la Dirección Nacional del Registro del Automotor a fin de saber los bienes que el mandatario posee y hacer efectiva la medida más rápida.
Cabe destacar que el embargo por el monto descripto es preventivamente hasta tanto se lleve a cabo el juicio que determine la culpabilidad del imputado y si deberá pagar esas cifras o más.
Según explicó Verchan a este medio, se pidió que el Juzgado implemente la medida de embargo a fin de evitar que el intendente Wayar “enajene los bienes que posee y después no pueda asumir el costo de los daños causados pedimos preventivamente el embargo”.
Actualmente la abogada se encuentra constituida como querellante y como actor civil, siendo la primera la que busca la condena por los delitos contra el acusado y la segunda figura busca el resarcimiento del daño económico.
La causa donde interviene la fiscal de la Unidad de Delitos Económicos Complejos, Ana Ines Salinas Odorisio, se encuentra con pedido de elevación a juicio y se encuentra a la espera de un tribunal que juzgue el hecho y la fecha para el proceso.
Hasta entonces el oficio librado por el Juzgado de Garantías estará vigente y el embargo sobre las posesiones y el sueldo de Wayar se mantendrá como seguro en el caso el mandatario resulte condenado y deba pagar resarcimientos a los concejales implicados.
Por otro lado también se juzgará al intendente por incumplimiento de los deberes de funcionario público por no haber girado el presupuesto al Concejo Deliberante para pagar el sueldo de los ediles y el delito de peculado donde se lo acusa de pagar sobresueldos a concejales oficialistas durante la pandemia.
