Salinas Odorisio tomó la determinación luego de una investigación que la llevó a reunir las pruebas del ilícito, que había sido denunciado el 6 de junio de 2020, por el presidente de la Auditoría General de la Provincia de Salta, Gustavo Ferraris.
El delito de Peculado se encuentra entre los delitos contra la administración pública y prevé que "será reprimido con reclusión o prisión de dos a diez años e inhabilitación absoluta perpetua, el funcionario público que sustrajere caudales o efectos cuya administración, percepción o custodia le haya sido confiada por razón de su cargo".
El 6 de junio de 2020, la AGPS presentó una denuncia en la que daba cuenta de irregularidades del manejo de los fondos del municipio de Angastaco por parte del intendente saliente. Entre otras, los investigadores del Gabinete de Delitos Económicos del CIF pudieron constatar, a través del entrecruzamiento de datos y pruebas recabadas, que la mujer del Intendente habría cobrado por el hospedaje que ofrecía la Hostería de dos formas: la primera en efectivo, que realizaban los huéspedes en la misma Hostería al personal que allí trabajaba. La segunda, a través de tarjetas de crédito mediante una cuenta de Mercado Pago que se encuentra a nombre de la mujer. Los investigadores no pudieron hallar pruebas que demuestren que estos fondos fueran rendidos a la Municipalidad.
Por otra parte, la fiscal de la UDEC tomó la determinación de imputar también a la mujer por falsificación de instrumento público, ya que en su descargo del 7 de julio de 2022 presentó la Resolución 33/18 bis como prueba de su designación como encargada de la Hostería de la Municipalidad de Angastaco.
El municipio informó que carece de registro de una resolución 33 bis, dado que en el Libro de Actas de Resoluciones se encuentran protocolizadas las Resoluciones N° 33/18 y N° 34/18 que datan con fecha 05/07/2018 y 06/07/2018 en los folios 75 y 76 respectivamente.
