Además, de haber recibido más de 14 millones de pesos por distintos programas, desde el gobierno provincial, y haber rendido solo una parte de esos fondos.
La UDEC presentará las pruebas reunidas durante la investigación y que sustentan la acusación del Ministerio Público Fiscal.
En la Sala 1 del Tribunal de Juicio a partir de las 8,30 este viernes estarán el juez Javier Aranibar la fiscal penal de Delitos Económicos Ana Inés Salinas Odorisio, el acusado Alfredo Daniel Soto junto a su abogada defensora Nilda Emilce Garnica.
Soto está imputado de los delitos de peculado en dos hechos, en calidad de autor y en concurso real.
Las audiencias tendrán dos escenarios entre 1 y 4 en la Ciudad Judicial Sala 1, mientras que el 5 y 6 de marzo se trasladarán a Iruya para desarrollar esas jornadas, donde se escuchará a los testigos del lugar. Especulando que podría haber más testimonios.
En la primera audiencia, la fiscal penal de la Unidad expondrá los delitos que el Ministerio Público Fiscal le imputa a Soto y presentará a lo largo de las jornadas las pruebas reunidas durante la investigación penal.
Las actuaciones de la Unidad de Delitos Económicos Complejos iniciaron luego de que el 18 de febrero de 2020, la apoderada de la Municipalidad de Iruya radicara una denuncia en la Oficina de Orientación y Denuncias del Ministerio Público Fiscal.
Hechos
La fiscal Salinas Odorisio sostiene que el acusado, en su calidad de Intendente de Iruya, emitió el 6 de diciembre de 2019 tres cheques a favor de la Municipalidad de Iruya por un monto total de $ 970.000, que él mismo cobró el 09 de diciembre de 2019, de los que no obra constancia de su destino y que, conforme a lo denunciado por siguiente gestión Municipal, no existe una rendición de cuentas efectuada ante la Municipalidad de Iruya.
En cuanto al segundo hecho, la titular de la UDEC considera que el acusado recibió del Ministerio de Desarrollo Social fondos provenientes de los programas sociales AIPAS, Asistencia Critica y Pan Casero por un importe total de $14.594.982,93; de los cuales sólo rindió $8.716.909,50, quedando un saldo pendiente de rendir de $5.878.073,43.
Auditoría de la comuna
Según la auditoría de la comuna, existía un faltante de $7.773.758,89 y que, luego de finalizado el mandato del exintendente (2015/2019), ingresó un informe de cheques rechazados (emitidos un día antes de la finalización de la gestión) por un valor de $ 5.397.032,62.
De las investigaciones realizadas por el Gabinete de Delitos Económicos del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF), surgió que existiría un faltante de dinero de $6.848.073,43, cuya administración y custodia le habían sido confiadas al Intendente.
Ya en mayo del año pasado recayó sobre el ex intendente Alfredo Daniel Soto una inhibición de sus bienes, atento a las acusaciones que recaían sobre el, al tiemepo que señalaba en medios locales “no existe ninguna malversación de fondos y se trabajó honestamente”
