Ahora resta determinar la pena que se les aplicará a los declarados responsables de este delito agravado.
Asimismo, se hizo lugar a la demanda civil planteada contra los acusados por una suma de 4 millones de pesos y, en el caso de Mario Campos, los jueces también lo declararon culpable del delito de atentado a la autoridad, el que se configuró el mismo día del secuestro, en circunstancias que el acusado junto a Toledo y la víctima se daban a la fuga por barrios de la zona este de la ciudad.
La decisión del tribunal, integrado por los jueces Domingo Batule (presidente), Gabriela Catalano y Abel Fleming, se dio a conocer pasada las 22.30 del jueves, como epílogo de una audiencia maratónica que comenzó a las 8.30, con la etapa de réplicas y dúplicas, para luego conocer las palabras finales de los acusados, previo paso a la deliberación, la que se desarrolló por un lapso de cuatro horas.
En su veredicto, los jueces mencionaron varios aspectos ventilados a lo largo de todo el juicio, entre ellos la firme postura de rechazar los argumentos defensivos dirigidos contra la víctima, a quien se intentó presentar como la persona que manejó el secuestro y mintió deliberadamente.
En tal sentido, el juez Batule afirmó que “en modo alguno la capacidad y el éxito profesional alcanzado por Giménez pueden indicar que manejó su secuestro o que controló todo, cuando está claro que fue privado de su libertad y sometido a todo un periplo, del cual sólo pensó en salvar su vida”.
La jueza Catalano, quien también rechazó de manera contundente las posturas defensivas que buscaron poner a Giménez en una posición de embustero, se refirió al rol de Franco Campos, al que consideró una pieza clave dentro del plan que su hermano elaboró meses antes, en junio del 2021, cuando contactaron a la dueña de la casa en barrio Los Paraísos, donde el empresario fue mantenido cautivo luego de ser reducido, cuando se dirigía a su empresa, en la avenida Ragone, a pocos metros de la ruta 26.
Los roles de la banda
El juez Fleming, a su vez, reforzó los fundamentos contra Franco Campos, a quien –según aseguró- lo defendieron las cuatro defensas, en busca de poner en crisis el agravante del número de intervinientes, lo que les habría permitido una mejor situación procesal a todos los acusados.
El tribunal dejó en claro que Mario Campos fue el líder del secuestro, que comenzó a proyectar el hecho con cuatro meses de antelación, concurrió a la empresa, verificó la ruta que Giménez tomaba para llegar a su empresa, El Cóndor SA.
El día del secuestro trasladó en el auto de la familia a su hermano y a Toledo, para luego avisarle a su hermano cuando Giménez giró por avenida Ragone, donde finalmente fue reducido.
Sostuvieron que Franco Campos tuvo una injerencia clave en la logística, ya que el día del secuestro trasladó en el auto de la familia a su hermano y a Toledo, para luego avisarle a su hermano cuando Giménez ya estaba próximo a girar hacia la avenida Ragone, donde finalmente fue reducido.
Su presencia también fue corroborada por el tribunal al momento de presentarse en la casa de cautiverio, donde retiró las llaves, trasladó a la dueña y, cuando su hermano llegó la víctima, salió a recibirlo y ayudar en el ingreso del empresario a la vivienda.
Respecto a Toledo, los jueces entendieron que fue contactado por Franco Campos y se unió al plan delictivo. Y rechazaron la excusa, tanto de éste acusado como de Mario Campos, de que el objetivo era robar la camioneta para venderla, cuando las pruebas claramente indican que, desde las 11, ya se pidió un rescate, mientras el intento de venta del rodado fue en horas de la tarde.
Toledo sabía que iban por 8un botín mayor, como prueba de ello, la jueza Catalano recordó un mensaje enviado a un amigo un día después del secuestro, en el que le manifestó que “estuvieron a un paso de conseguir cinco palos”, con lo cual es falso el argumento de que la venta del vehículo era el único móvil.
En cuanto a Rodríguez, el juez Fleming sostuvo que su presencia en la casa donde la víctima estuvo cautivo, a entender de los jueces, no quedó probada, apreciación que arribaron en función del relato de la víctima y de aspectos psicológicos del recuerdo, tesis que trató de profundizar con teorías científicas, aunque no alcanzó a desarrollarlas completamente por falta de tiempo.
En cuanto a la acusación de atentado a la autoridad, los jueces le dieron la derecha a la fiscalía por encima de la querella, la que había sostenido que Mario Campos, al embestir a un policía al escapar tras el pago de rescate fallido, se trató de una resistencia, acusación que el tribunal desechó de plano, para finalmente, hacer lugar a la demanda de cuatro millones de pesos por los daños causados a la víctima, por el secuestro extorsivo.
Por el Ministerio Público Fiscal interviene el fiscal federal Ricardo Toranzos, titular del Área de Casos Complejos de la Unidad Fiscal Salta, la que llevo adelante la investigación del caso, tras una primera intervención a cargo del fiscal provincial Ramiro Ramos Ossorio, con quien se realizó una tarea conjunta hasta lograr la liberación del empresario Víctor Giménez, secuestrado el 30 de noviembre del año pasado.
