El fiscal penal 2, Ramiro Ramos Ossorio, informó que en la investigación que lleva adelante por tres hechos de hurto y un hecho de estafa, cometidos por una persona que simulaba ser sacerdote, solicitó al Juzgado de Garantías interviniente su prisión preventiva y la realización de una pericia psiquiátrica a los fines de determinar si se encontraba en uso de sus facultades mentales al momento de cometer los hechos endilgados.
Cabe recordar que el hombre de 36 años se encuentra imputado de forma provisional como autor de los delitos de hurto (tres hechos) y estafa; hechos que ocurrieron cuando, simulando ser un sacerdote, entabló contacto con distintas personas y bajo engaños, les habría sustraído bienes y cometido un hecho de estafa.
Desde el Arzobispado de Salta, oportunamente, se había advertido en el último tiempo sobre la presencia de un hombre que se hacía pasar por cura para aprovecharse de la confianza de los fieles y robarles.
Algunas víctimas de este personaje contaron que el falso cura robó dinero de distintos domicilios y que se aprovechó de la bondad de algunas familias para poder alimentarse y vivir gratis varios meses, repitiendo así la modalidad.
Noticiado de esta situación, desde el Arzobispado de la Provincia de Salta publicaron carteles de advertencia en distintos espacios públicos y en las redes sociales oficiales de la institución eclesial, con mucha alarma ya que inclusive llegaron a tomar conocimiento de que el denunciado farsante recorría domicilios privados, y hasta establecimientos públicos como hospitales y escuelas “en pos de su tarea de misionar y evangelizar”, sobre todo en las adyacencias donde fue detenido, es decir en el Valle de Lerma.
No obstante, y según se supo a través de las declaraciones del Fiscal Penal N° 2 Ramiro Ramos Osorio, debido a la salud mental del hombre, el mismo no sería imputado. Ese sería el motivo del pedido de las pericias solicitadas.
Profesor condenado
La fiscal Penal de Violencia Familiar y de Género de Orán, Soledad Filtrín Cuezzo, representó al Ministerio Público Fiscal en la audiencia debate contra un hombre que fue hallado culpable del delito de abuso sexual gravemente ultrajante agravado por la condición de ser encargado de la educación y de la guarda continuada.
El juez Baltasar López de la Sala 1 del Tribunal de Juicio de Orán le impuso una pena de ocho años de prisión de cumplimento efectivo y que el condenado sea examinado por un médico del Poder Judicial para la obtención de sus señas particulares y que, a través del CIF, se le extraigan muestras de ADN, previa asignación del DUIG correspondiente, para su posterior incorporación al Banco de Datos Genéticos.
El Ministerio Público Fiscal intervino en junio de 2.021, luego de que una mujer denunciara que su hija, de 14 años, fue sometida sexualmente entre los 9 y 11 años, por su profesor particular, quien además era vecino y amigo de la familia.
