Mariel Carolina Pérez, quien denunció los hechos, primero ante el PAMI, y luego ante la Justicia Federal dijo sentirse tranquila aunque entristecida, porque sus ex compañeros, se quedan sin trabajo en un difícil momento.
“Es una situación extraña ya que todos eramos víctimas del accionar de los directivos, ya que como empleados cobrábamos dos tres escalafones por debajo, de nuestras funciones, además que no se podía avalar los malos tratos, la falta de higiene, y la estafa, en la que se involucraba a personas vulnerables, como lo son los abuelitos”, dijo a Nuevo Diario quien se desempeñaba como adminstradora general, hasta hace unos meses atrás.
“Yo manejaba el tema de facturación, así que comencé a observar algunas diferencias que me mostraban una sobrefacturación, ya que abuelitos que estaban en fisioterapia, los hacían figurar en terapia”, dijo Pérez
Al sentirse, “en la mira” por ese accionar, los directivos la echaron, por supuestos faltantes de caja. Lo que hizo que la ex administradora determinara llevar la denuncia al PAMI y luego a la justicia, a través de PROFIXA, organismo que regula las clínicas, que ya abrió una causa por el tema, y que derivó en allanamientos la semana anterior, donde se retiraron computadoras, archivos, etc.
“Yo pensé que esta persona -por Emilio Benítez propietario- no puede trabajar de esta manera. Hablamos de vida, es ahí donde yo advierto que no había una habilitación oficial”, dijo Pérez.
Agregando que la clínica desde 1992 trabaja con PAMI, y en los últimos seis años, cobraba, un promedio de 1.800.000 pesos por mes a la obra social de los jubilados, encima sobrefacturado.
“Con la determinación de hoy (por ayer) sobre la clausura, me siento tranquila en parte, porque alguien les puso freno, pero me entristece por mis compañeros, a pesar que pedíamos las situaciones de malos pagos ya que, no teníamos obra social, y encima nos descontaban”.